por Luis Jara Correa, Vicepresidente de Acción Social.

Este jueves 30 de agosto se conmemora el día Internacional del Detenido Desaparecido. La fecha fue instaurada en 2011 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) luego de la iniciativa de un grupo de organizaciones de Derechos Humanos, principalmente de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam). En Chile, este día se conmemora con una reflexión a la historia del país y la represión que caracterizó a la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, pero también por los casos registrados en la actualidad.

Distintas organizaciones de derechos humanos, recuerdan a los 1.210 detenidos desaparecidos que oficialmente fueron informados, entre los que cuentan dirigentes sindicales, funcionarios públicos, militantes, pobladores y campesinos. En la lista también son considerados 79 mapuches, 60 extranjeros y 54 eran menores de edad.

El porcentaje de mujeres detenidas en general oscila el 6%, de las cuales sólo nueve se han reconocido como desaparecidas y que, en ese momento, se encontraban embarazadas. La macabra cacería que realizó la dictadura con sus órganos de represión, fue más allá de un circulo político, sino que buscó calar hondo en cualquier intento de rearticulación social del proceso transformador de la Unidad Popular, manteniendo a los familiares en una cruenta cruzada de búsqueda incesante e hidalga esperanza de quienes por el hecho de pensar distinto fueron desaparecidos, sin tener un domicilio donde dejar una flor y conmemorarlos hasta hoy.

El proceso judicial ha sido de un tenue avance, hasta ahora se ha conocido una verdad parcial de estas causas porque muchas han sido trasladadas a otros ministros de justicia, donde algunos avanzan en las indagaciones y otros las han mantenido suspendidas por falta de antecedentes. Las agrupaciones han manifestado que la Justicia no ha dado respuesta, excepto para las causas emblemáticas donde sí se han registrado avances y posteriores condenas.

Los Progresistas queremos sumarnos a todas aquellas voces que exigen Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas de la dictadura cívico-militar. Los pactos de silencio acordado por los victimarios y sus cómplices pasivos, ocultan y entorpecen la información para que no se logre encontrar el paradero de cada una de las víctimas. Hoy el gobierno de derecha encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, no es capaz de exigir a sus partidarios para que entreguen esta información que permitiría sin lugar a dudas conocer el paradero de sus seres queridos y brindarles una digna sepultura .

Nuestro compromiso estará siempre junto a los familiares de las víctimas y apoyaremos todo tipo de acciones para que la memoria siga viva y que hechos tan brutales y horrorosos como estos, nunca mas vuelvan a ocurrir en nuestro país.