Raúl Oliva
Consejero Federal

La derecha y su gobierno han adoptado diversas iniciativas para hacer caer las consecuencias de la baja de la actividad económica sobre las espaldas de los trabajadores de Chile. Cuando aún no se vislumbra la superación de la crisis sanitaria, el mundo de los negocios comienza a perfilar las medidas para afrontar la probable recesión que sufrirá el país y para llevar “ayuda” a las empresas.

Por supuesto, el gobierno de Piñera, y los neoliberales, pretenden hacer recaer en las espaldas de la mayoría de los chilenos y chilenas, el bajón económico. Qué duda cabe que la orientación ideológica de la elite empresarial y de la derecha estará dirigida a la precarización del empleo, la relajación de las normas de protección ambiental, y la “ayuda” a las grandes empresas, que implicarían enormes recursos públicos y compromiso patrimonial del Estado, sin que haya ninguna señal sobre como los beneficiados devolverán esos recursos al país.

Hay que recordar que una de las primeras señales fue el aberrante y antijuridico dictamen de la Dirección del Trabajo, por el cual, al considerar la situación sanitaria como una razón de fuerza mayor, declaraba que podían suspenderse los efectos del contrato de trabajo liberando a los empleadores del pago de las remuneraciones.

Los progresistas hemos reaccionado de inmediato, denunciando que tal interpretación carecía de sustento legal y que tanto los empleadores como el Estado debían proveer los recursos necesarios para que los trabajadores y sus familias pudiesen contar con los recursos que les permitieran sobrellevar la crisis.

Ahora la Dirección del Trabajo, ha publicado un Manual de Usuario de Finiquito Laboral Electrónico, en el que el trabajador puede aceptar o rechazar la propuesta de finiquito del empleador, sin dar la posibilidad de aceptar el pago ofrecido sin derecho a reserva, es decir con la posibilidad de reclamar ante los tribunales cuando el trabajador estime que se vulneran sus derechos, o las sumas pagadas sean inferiores a las que legalmente corresponden, o si el despido no se ajusta a derecho. Este Manual de instrucciones sobre el finiquito es manifiestamente ilegal, pues es una invitación al abuso por parte de empleadores y vulnera el artículo 5° del Código del Trabajo que señala que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. El trabajador tiene derecho a recibir las sumas de dinero ofrecidas pero también tiene derecho a reclamar ante los tribunales de justicia acerca de los derechos que estima atropellados o incumplidos en el finiquito.

Asimismo, el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley cuyo propósito era reducir en un 50% la indemnización por años de servicio, una de las ideas matrices de la supuesta flexibilización laboral, que no tiene en realidad otro objetivo, que abaratar el despido y aumentar la precariedad del empleo. En mayo de 2019 otro proyecto de Piñera, detenido en el congreso pretendía aumentar la carga laboral.

Ahora, un nuevo proyecto de ley de la derecha política tiene como objetivo limitar la reelección de los dirigentes sindicales. El objetivo es claro, destruir, descabezando, la organización sindical existente.

En nuestra realidad, cada día luchamos por el derecho a la libertad sindical, permanentemente vulnerada, por medio de “listas negras”, que se usan para no contratar a quienes se han desempeñado como dirigentes sindicales. Además, los trabajadores saben, que los sindicatos deben constituirse prácticamente en secreto, puesto que si los empleadores tienen información sobre el proceso de constitución sindical, rápidamente despiden a los líderes.

Nuestro país requiere, al contrario, lograr el pleno respeto a la libertad sindical, un plan de fortalecimiento de las organizaciones sindicales y un reconocimiento de la abnegada labor de sus dirigentes que día a día defienden los derechos de sus asociados.

Las y los progresistas nos mantendremos alertas y denunciaremos con firmeza, las medidas anti laborales del gobierno y de la derecha y llamamos a las fuerzas políticas progresistas y a los movimientos sociales a rechazar estos intentos de socavar los derechos de los trabajadores.