Por Marisela Santibáñez,
diputada Progresista.
Cuando decidí encabezar la lista parlamentaria de los progresistas el 2013 y luego el 2017, lo hice siempre sobre la firme convicción de que había que pelear desde adentro por reinvidicar la política de nuestro país. Un proceso de reconstrucción de confianza que no puede tener sentido alguno si las que fuimos electas como representantes populares, no avanzamos de cara junto a la ciudadanía y haciendo frente, sin miedo, a la fiscalización sobre los abusos y sobre las formas en que el poder corrompe el sistema. Sin duda mi ruta hacia el Congreso no fue nada de fácil, públicas han sido mis luchas y públicas lo seguirán siendo. Esta vez lo haré haciendo pública mi decepción ante el resultado de los más de tres años que duró la investigación sobre el caso Penta: la impunidad.
Entender el actuar de nuestra Fiscalía se ha hecho complejo en este caso, a tal punto que derivado del mismo, ocurre una renuncia inédita de dos importantes fiscales y más aún, cuando uno de ellos, como lo es el ex fiscal Gajardo, nos dicen abiertamente, que sin que haya ningún antecedente nuevo, se bajó una acusación de cohecho que parecía irrefutable para la unidad anticorrupción de la Fiscalía e incluso el Consejo de Defensa del Estado. Por otra parte, que me parece aún peor, se nos dice abiertamente que hay espacio para la impunidad punitiva frente a políticos, porque perseguirlos podría afectar el funcionamiento del Congreso y los quórums legislativos. En simple, se tergiversa desde el derecho, la voluntad popular a favor de quienes se corrompieron aprovechándose de su tribuna de poder. Es decir, en Chile no todos somos iguales ante la ley, lo que en los hechos, se materializa en que existe una ley que encarcela al pobre y multa a bajo costo los delitos de cuello y corbata.
Público es el malestar del CDE y de los querellantes Ciudadano Inteligente que acusaron que el Ministerio Público tergiversó la ley en el caso Penta, y aunque apelen para revertir la decisión del juez, el daño ya está hecho. Es al final del camino el resultado de la doctrina de Jorge Abbott, quien asumió la fiscalía nacional a pocos meses de estallado el caso y quien, según La Tercera tras su última cuenta pública, “golpeó la mesa” instruyendo a fiscales ser “diligentes en las causas que involucren a representantes de elección popular”. Sí, el mismo por quien este martes junto a un grupo de parlamentarias y parlamentarios presentamos ante la Corte Suprema la solicitud de su destitución por la causal de negligencia y que fue declarada admisible por la misma instancia este viernes.
Vengo del mundo de las comunicaciones, de la televisión y la radio, por lo que entiendo bien el impacto que tienen en la construcción de realidad, y su rol de compañía en los hogares de Chile. Por eso no tengo dudas de que fueron miles de personas las que sintieron con esta noticia que la plata y el poder construyen impunidad. Y sinceramente, analizando en profundidad el caso, hasta yo lo creo. Con PENTA se construyó con éxito una verdadera ruta de la decepción.