Santiago, 30 de octubre de 2017. Un duro balance del programa de gobierno dado a conocer por Sebastián Piñera realizó el comando de Marco Enríquez-Ominami a través de su vocero Fabián Caballero.
“El plan de gobierno anunciado por Piñera da cuenta de su decisión de no hacer partícipe al sector privado del desarrollo del país, como tampoco otorgarle un rol importante en la productividad de la economía. La totalidad de los recursos de los que dispondrá Piñera para gobernar provendrán irracionalmente de reasignaciones presupuestarias, eximiendo de este modo al gran empresariado de contribuir y participar con impuestos progresivos para superar las desigualdades aún existentes en distintos sectores de la sociedad”, señaló el también vicepresidente de la CUT.
Caballeró agregó: “El candidato de derecha anunció además la creación de una agencia evaluadora de políticas públicas, que a nuestro juicio tiene por único propósito generar los ajustes presupuestarios en el marco de los ingresos permanentes del erario nacional, evitando con ello que sea el empresariado quien deba aportar más al desarrollo del país. Como todos sabemos, Piñera es un empresario exacerbadamente especulativo, no tiene por formación generar productividad, ni empleo, ni pagar impuestos a través de sus negocios. Sabemos entonces que los reajustes presupuestarios anunciados para reasignar recursos generarán recortes importantes en inversión social en las áreas de los derechos esenciales y básicos, obligando a las personas a contar de ahora, ir a buscar esos derechos al sector privado por la vía del crédito”.
“Su propuesta contiene ‘incentivos’ para el sector privado con el objetivo de captar inversión. Sabemos con la experiencia vivida en su gobierno que ese tipo de ‘certezas jurídicas’ planteadas desde la derecha política no son otra cosa que la exención y condonación de impuestos para los sectores empresariales con obscenas utilidades y abultadas riquezas. Las concesiones de todo tipo serán nuevamente parte importante de su plan de ‘eficiencia pública’, entregando al sector privado atribuciones, facultades y financiamiento que a nuestro juicio solo pueden estar depositadas en la institucionalidad pública, como es el caso de la gestión de hospitales, transportes e infraestructura, entre otros”, concluyó.