Este lunes, a través del vicepresidente del partido y exministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, la colectividad presentó una serie de proposiciones ante un escenario en el que el acceso a la vivienda es “severamente no alcanzable” en Chile.

El partido Progresista de Chile lanzó este lunes, nuevas propuestas para el desarrollo del país, específicamente, respecto al derecho social a la vivienda, la ciudad y el territorio con dignidad.

Se trata de una serie de iniciativas que buscan revertir la clasificación que Chile tiene a nivel mundial respecto al acceso a vivienda y que lo mantienen en un nivel “severamente no alcanzable”, utilizando el índice Price Income Ratio (PIR).

De acuerdo al vicepresidente del partido y exministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, en el país “la vivienda es un bien de mercado” y de acuerdo al reporte realizado por la Cámara Chilena de Comercio, este escenario “se explica por dos factores esenciales. En primer lugar, el rápido crecimiento económico que ha experimentado la economía ha dado paso a un aumento en los ingresos promedios, por lo que el aumento en el valor de las viviendas se vincula, hasta cierto punto, con el aumento en el PIB per cápita del país. Y en segundo lugar, el aumento en el precio del suelo, resultado de las normativas de contención urbana que se han desarrollado en diversos territorios del país”.

Según explica Osorio “un dato clave es que para el año 2017 hubo un aumento en el porcentaje de arrendatarios (24%) y se registró la cifra más baja de propietarios de viviendas en veintisiete años (59%). Al mismo tiempo, se produjo un aumento del porcentaje de inversionistas en la compra de viviendas, pasando de un 11% para el año 2011 a un 36% para el año 2018”.

Todo lo anteriormente expuesto, agrega el exsecretario de Estado, muestra un escenario desalentador “en donde se aprecia un aumento en la cantidad de solicitudes al Estado para subsidios habitacionales y un incremento en la cantidad de familias viviendo de allegadas”, enfatizando que “aproximadamente 72 son los países que han reconocido a la vivienda como un derecho fundamental y constitucional, como es el caso de España, Argentina, Uruguay y México”.

Por lo anterior, explica Osorio, es que es fundamental consagrar el derecho social a la vivienda y la ciudad en la Nueva Constitución, asegurando a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada que permita vivir en seguridad y dignidad, lo que implica que el Estado garantice aspectos tales como gastos soportables, disponibilidad de servicios e infraestructura, habitabilidad y asequibilidad”.

Asimismo, los progresistas proponen el establecimiento de un Estado y un poder público con un papel dirigente y protagónico en la resolución del derecho a la vivienda, lo que implica un poder público con las facultades y las capacidades para resolver las necesidades habitacionales de la población, “en particular de los grupos socialmente vulnerables y de los grupos de ingresos medios: es decir, de la inmensa mayoría de las familias chilenas que no cuentan con capacidad de adquisición de una vivienda en el mercado inmobiliario”, asevera el vicepresidente del PRO.

Como tercer punto, el partido busca consolidar institucionalmente la Comisión Interministerial de Vivienda, Ciudad y Territorio, que articule en materia de planificación, diseño y ejecución de políticos, a los Ministerios sectoriales de Vivienda; Obras Públicas; Transporte y Telecomunicaciones y Bienes Nacionales; y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

“No nos parecen apropiadas las propuestas de fusión de Secretarías de Estado, poniendo fin, por ejemplo, a los Ministerios de Vivienda y Bienes Nacionales, inspiradas en la idea de reducir el tamaño del Estado y que apuntan en dirección opuesta a la necesidad de modernizar y desburocratizar”, explica Víctor Osorio, puntualizando que, entre otros elementos, “necesitamos más y mejor Estado, y ello se puede resolver en esta materia a través de hacer permanente una articulación virtuosa de los sectores del poder público que pueden y deben estar involucrados en el desarrollo e implementación de una agenda institucional basada en el derecho a la ciudad, la vivienda y el territorio, en particular recogiendo las propuestas de la Política Nacional de Desarrollo Urbano”.