Patricia Morales Presidenta del Partido Progresista
Señor director: El ministro de Relaciones Exteriores suscribió a nombre de Chile el Acuerdo Transpacífico (TPP), que entrará en vigencia una vez ratificado por el Congreso, cuestión compleja pues tanto la sociedad civil como diputados de varios partidos han señalados su disconformidad con el proceso.
Lo primero es preguntarse cómo es posible que en Chile cualquier gobierno pueda decidir de forma arbitraria iniciar negociaciones con otros países, sin que el Congreso previamente delimite las materias a negociar. Durante su gobierno, Sebastián Piñera no sólo decidió ingresar a las negociaciones del TPP sin consulta ciudadana o parlamentaria, sino que aceptó las condiciones draconianas que los socios comerciales impusieron a Chile, entre ellas total hermetismo y falta de transparencia en las negociaciones, cuestión que la actual administración intentó revertir a través de los “cuartos adjuntos”. El Gobierno de Piñera ni siquiera realizó análisis costo-beneficio para evaluar si efectivamente tenía sentido iniciar nuevas negociaciones.
Los defensores del TPP señalan que Chile no cedió nuevos espacios de negociación. Pero más allá de esta consideración, el acuerdo tiene un vicio político inicial. Dejó de ser aceptable que un gobierno, en este caso el de Pi- ñera, haya decidido adherir al TPP y negociar al margen de la ciudadanía, endosándole esa mochila al siguiente gobierno. Por lo mismo, el TPP debería ser objeto de un plebiscito que convoque a la ciudadanía, la cual ratificaría o no su suscripción, subsanando el problema de legitimidad del Congreso y permitiéndole al Gobierno generar consenso sobre su política económica exterior, sin tener que cargar con decisiones definidas entre cuatro paredes en el gobierno anterior. Patricia Morales Presidenta Partido Progresista
Fuente: La Tercera