Santiago, 17 de agosto de 2017. Una férrea defensa a la ley de aborto en tres causales y al derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo realizó el Partido Progresista en su audiencia frente al Tribunal Constitucional.
Representado por su vicepresidenta Andrea Condemarín, el PRO basó sus argumentos en una serie de tratados y pactos firmados por Chile a lo largo de su historia.
“Las 3 causales que hoy nos convocan –que son violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre– afectan la salud física y mental de las mujeres que las sufren, por lo que negarles la decisión de abortar es también incumplir con la protección del derecho a la libertad y seguridad personal. Situación de incumplimiento en la que, lamentablemente, se encuentra nuestro Estado desde diciembre de 1989”, expuso Condemarín.
En su exposición la representante de los Progresista recordó también el caso de Tamara, niña antofagastina de 11 años que el año 2011 fue violada en reiteradas ocasiones por la pareja de su abuelo resultando embarazada.
“Ante esta atrocidad su madre y su tía recurrieron a lo único que tenían a mano y le suministraron misotrol de manera ilegal. A raíz de una denuncia anónima, ambas adultas fueron condenadas a penas de cárcel, dejando en una completa desprotección a Tamara, que tenía solo 12 años de edad, su vida y su familia habían sido destrozadas por culpa de un violador que hasta hoy se encuentra libre y nunca fue formalizado ni condenado”, señaló.
Condemarín agregó: “Estas injusticias producto de la desprotección y re-victimización del sistema judicial chileno en contra de las mujeres deben terminar hoy. Ninguna mujer y ninguna niña debe ser sometida a semejante tortura”.
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dijo Condemarín citando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su alegato la representante del PRO también aludió a las observaciones realizadas por Human Rights Watch en 1996 a países que imponen penas por aborto, aun cuando el embarazo fuera el resultado de violación.
“Hoy, 17 de agosto de 2017, en pleno siglo XXI, hemos escuchado –y seguiremos escuchando– argumentos basados en preceptos religiosos que nada tienen que ver con el estado de derecho, la protección de los derechos humanos ni con la seguridad de las niñas y mujeres de nuestro país. Nuestra Constitución –por la que este Excelentísimo Tribunal vela– permite la libertad de culto, y es deber del Estado garantizar que las personas desarrollen libremente sus actividades religiosas, no legislar en base a dichos argumentos a favor de tales o cuales credos. El aborto en tres causales es un asunto de derechos humanos de las mujeres y de salud pública, no de las iglesias ni de la moral que pretendan imponernos”, agregó.
“A los progresistas nos avergüenza que Chile forme parte de la triste lista de cinco países de todo el mundo donde el aborto es completamente ilegal vulnerando por casi tres décadas nuestros derechos humanos, así como nos avergonzamos de ser el único país de la OCDE que mantenga a las mujeres en situación de tal indefensión y constante re-victimización”, concluyó.