Fernando Javier Correa Pérez
Consejero Federal Ñuble
Estudiante de Ingeniería en Administración, Mención Pública, IP, Santo Tomás  

Desde hace un tiempo las tasas desempleo en Chile se han disparado considerablemente, si tomamos las últimas cifras oficiales entregadas en marzo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondiente al periodo entre diciembre de 2019 y febrero 2020. La tasa de desempleo en Chile aumentó a un 7,8%, para mucho estas cifras son alarmantes, y en el futuro se proyecta el regreso de la temida cifra de desempleo de dos dígitos

¿Qué pasara post pandemia?

El Gobierno de Sebastián Piñera, un hombre conocido por ser un defensor acérrimo del sistema neoliberal, ha anunciado medidas que lo único que logran es fortalecer y seguir entregando privilegios a ciertos sectores dominante de nuestra economía, seamos realista dicho paquetes de medida solo logran beneficiar al 1% más rico del país, dejando a la deriva al pilar fundamental de la producción de la riqueza del país como son los trabajadores y destinándolos a la pobreza.

Esperábamos con ansias los anuncios del gobierno en materia de empleo, con la esperanza de que esta vez sí lograran empatizar con las trabajadoras y trabajadores, pero no fue así. El presidente hizo, nuevamente, vista gorda a los problemas de la clase trabajadora, que se enfrenta a la angustiante incertidumbre de no saber si van a poder costear los gastos básicos de la economía familiar, en un país en donde, además, no están garantizados los derechos sociales, y la idea de la enfermedad no solamente atemoriza por la naturaleza de esta, sino que por la inseguridad de no poder pagar lo que ella implique.

Un caso fue la ley Protección del Empleo, que ofrece acceso a los beneficios del seguro de cesantía siempre y cuando los trabajadores mantengan su relación laboral. Pero esta ley solamente está pensando en un tipo de trabajador/a; el que cuenta con un contrato de trabajo, mientras que en Chile un 38,9% no cuenta con uno (https://regionalista.cl/columna-a-quien-no-beneficia-la-ley-de-proteccion-al-empleo/) y prestan servicios de diversa índole, nos referimos a los trabajadores a honorarios independientes e informales.

A primera vista, podríamos pensar que esta ley protegerá a trabajadores que cuentan con contrato laboral, pero esto está mediado por diversos requisitos, vinculados al número de cotizaciones en los últimos meses y a que las últimas dos cotizaciones sean con el mismo empleador. Esto genera que quienes no cumplen los requisitos para este “beneficio” queden aislados de esta ley, por no cumplir con el requisito de las cotizaciones de salud y de las AFP, que por lo demás, han entregado pensiones de hambre a las chilenas y chilenos.

Otra interrogante que aparece es; ¿qué pasará con las y los trabajadores que no cuentan con un contrato de trabajo?, como señalé anteriormente, casi un 40% de la fuerza laboral. Es decir, los 1,2 millones de trabajadores informales, y el millón de trabajadores independientes.

El ejecutivo busca implementar un proyecto para apoyar a trabajadoras/es informales, creando el ingreso mínimo de emergencia, que duraría tres meses, y sería mayor al aumentar la vulnerabilidad y el tamaño de la familia. Pero esta medida representa una solución mezquina; ¿qué pasa luego de los tres meses? No olvidemos que la mayoría de los que realizan trabajos informales son personas de clase media o baja, que dependen a diario de ingresos ganados por sus diferentes actividades informales,

Otro caso es el de los trabajadores independientes, entre ellos, Pymes que aportan gran cantidad de impuestos a las arcas fiscales y, además, son quienes brindan la mayor cantidad de empleos a nivel nacional. El plan del gobierno para las Pymes fue un paquete de créditos y postergación de pagos en sus obligaciones, este crédito tendría al estado como aval, y así poder seguir en marcha con sus pequeñas empresas.

Esto último hace pensar: ¿por qué no tener un banco del estado con una verdadera función pública?, que potencie el desarrollo, a las Pymes, y a los sectores que lo necesiten. Esto en el marco de un estado empresario, que tenga la capacidad de invertir, creando más oportunidad de crecimiento y a la vez generando puestos laborales al interior de Chile. Además, ayudaría a amortiguar un poco las tasas de desempleo a futuro.

Volviendo a nuestra pregunta inicial; ¿qué pasará post-pandemia?

Vienen tiempos difíciles, las cifras de desempleo se dispararán a su peak histórico. La clase empresarial, que reparte utilidades mientras envía a sus trabajadores a vivir del seguro de cesantía, parece pensar más en su bolsillo que en el bienestar general, y el gobierno, entrega un paquete de medidas que no entregan una solución real, y que nos dejan con la duda de cómo se podrá vivir en octubre, noviembre o diciembre, con probables despidos en masa, en dónde nuestros trabajadores ya no contaran con sus fondos en la AFC y estarán destinados sobrellevar esos meses sin ningún aporte económico, condenados a la miseria.

Estas soluciones, pensadas por un grupo de expertos económicos no dan el ancho para afrontar la grave pandemia y muchos menos los difíciles momentos que nos azotarán. Mientras países desarrollados buscan alivianar los compromisos de pago de sus ciudadanos en medio del COVID19, el actual gobierno de Chile busca como seguir fortaleciendo el actual sistema y sacar el mayor provecho antes del inminente fracaso del Neoliberalismo.

Todo esto ocurre en un momento en que estamos ad portas del proceso electoral más importante de los últimos años, en donde la ciudadanía tendrá que ser el actor principal sobre la construcción de un nuevo Chile, en donde el derecho al trabajo esté garantizado. Ese mismo Chile en donde nuestros sindicatos nunca más tengan que volver de rodillas después de una negociación colectiva porque el actual sistema protege más a los empresarios que aquellos que son el escalafón más importante de la economía, en donde llegar a los 65 años después de haber trabajado toda tu vida sea alegría y no tristeza, ahora comprendemos la importancia de que no da los mismo quien nos gobierne, que no da lo mismo si vamos o no marchar, que no da lo mismo si tenemos o no una nueva constitución. Hoy a los sectores Progresistas se nos presenta una oportunidad histórica de poder realizar la construcción de un nuevo Chile más justo, fraterno, humano y por sobre todo el de los libre, pero esta vez caminando en unidad junto a los actores principales la ciudadanía y en conjunto abrir las grandes alamedas que soñaba Salvador Allende.