Chile cambió. De eso no hay dudas. Una movilización social inédita hizo posible que grandes reivindicaciones -como la de una Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente- hasta hace poco desestimadas por el establishement, quedaran puestas en el centro de la agenda nacional.

En una democracia sana, que es lo que perseguimos, el Parlamento debe ser uno de los principales lugares donde deben buscarse y producirse los acuerdos. Sin embargo, el ejercicio de esta función debe, para ser legítima y eficaz, hacerse a partir de una consulta amplia y una deliberación informada con todos los actores concernidos.

El “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”, que se dió a conocer la madrugada del viernes 15, recoge solo parcialmente el clamor popular pues no cumplió con esta condición fundamental: la consulta y la deliberación. Dimensiones de la democracia que son especialmente importantes en un momento Constituyente, como el que está sucediendo en Chile desde hace ya más de un mes. Las organizaciones sociales no fueron consultadas, tampoco lo fueron varias fuerzas políticas, que fueron excluidas en la premura, injustificada, para cerrar un acuerdo que llevó a que el texto suscrito presente graves carencias.

Tal como fue aprobado, dicho acuerdo no garantiza el fin de la violencia, ni tampoco asegura que al final del itinerario previsto Chile pueda tener una Nueva Constitución que consagre la existencia de un Estado Social de Derecho en forma, y combine de manera adecuada la representación con la participación, como manera de insuflarle energía a una democracia como la chilena, que ha sufrido un deterioro especialmente rápido y profundo.

Antes de su ratificación en el Parlamento, sostenemos, el Acuerdo puede y debe ser enmendado y legitimado a través, precisamente, de una consulta y deliberación amplia. En lo sustantivo, proponemos debatir sobre la renovación del acuerdo, al menos, en dos dimensiones, a saber:

1) Renovación del Acuerdo por la Paz

•Construir una agenda social sustantiva.
La legitimidad del Estado se construye en su capacidad de encontrar el bienestar de su pueblo. Un piso mínimo de bienestar debe ser acordado urgentemente por el Estado y sus fuerzas políticas, y es que, al inicio de la crisis, Piñera propuso una agenda social mezquina, cuyo costo fue estimado en US$1.200 equivalentes a 0,4% del PIB. Un país con un ingreso per capita de US$ 26 mil necesita aumentar sustancialmente su gasto social para atender a las nuevas y mayores demandas. Si para enfrentar la crisis del 2008 se gastaron cerca de US$10 mil millones, está crisis, mucho más grave, requerirá y justifica un gasto aún mayor. Dentro de las prioridades están un aumento del 50% de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario. Un salario mínimo de $500 mil, una fuerte inyección de recursos para enfrentar la crisis hospitalaria y muy especialmente las listas de espera, congelación de las tarifas de los servicios públicos y un subsidio a las compras de medicamentos.

•Reparación y justicia en materia de DDHH
Está documentado que la represión a la movilización social ha sido extremadamente severa. En la actualidad se contabilizan 23 personas muertas, más de 2.000 heridos y heridas, dentro de los cuales se cuenta a cerca de 200 personas con lesiones oculares graves. Un Acuerdo por La Paz debe contemplar, al menos, formas de reparación a esas víctimas, y castigo, a quienes la justicia identifique como responsables. Una democracia plena no puede desarrollarse, de nuevo, sobre la sangre derramada de ciudadanos sin verdad y justicia. En este sentido, serán muy importantes las conclusiones que surjan de la misión enviada por la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH y la Comisión Interamericana de DDHH.

2) Perfeccionamiento al Acuerdo Constitucional

Por otro lado, es clave impulsar Perfeccionamientos al Acuerdo Constitucional que incluyan, al menos, los
siguientes temas:

1. Voto obligatorio en los dos plebiscitos y en la elección de delegados a la Convención. No tiene ninguna justificación, salvo un cálculo político subalterno, que sólo el plebiscito de salida tenga lugar con voto obligatorio.
2. Rebaja a 16 años de edad para sufragar. Esto, en honor a que estas movilizaciones fueron encabezadas por los y las jóvenes, y porque, es necio que una sociedad crea que una persona a los 16 años es imputable penalmente, porque sabe distinguir el bien del mal, pero que al mismo tiempo no tenga capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, y por tanto negarle su derecho a voto.
3. Definir condiciones que permitan un competencia justa entre militantes de partido e independientes, para la elección de delegados a la Convención. Si se aplica la legislación actual, tal cual reza el acuerdo, los independientes quedan en una manifiesta desventaja respecto a la posibilidad de inscribirse como candidatos y a su electibilidad puesto que, a diferencia de los militantes, no pueden constituir listas que sumen los votos. Es preciso modificar la legislación electoral actual de manera de permitir la presentación de listas de independientes que podrían, por ejemplo, agruparse en torno a reivindicaciones temáticas. Asimismo, se debe asegurar que los independientes reciban el mismo trato en cuanto al financiamiento de sus campañas.
4. Un quórum de 2/3 como el establecido corre el riesgo de generar un Constitución extremadamente minimalista, y en definitiva, frustrante. No es razonable que 1/3 tenga la posibilidad de bloquear normas fundamentales, que en cualquier constitución democrática resultarían obvias. Se propone, en primer lugar, rebajar a 3/5 el quórum para la adopción de acuerdos. Y que aquellas materias en que no se logre un respaldo de los 3/5, pero que hayan alcanzado la mayoría absoluta calificada, sean objeto de resolución ciudadana en el plebiscito de salida. Las posiciones hechas públicas por parte de constitucionalistas conservadores en cuanto a que “en el Acuerdo no se pactó el traslado a ley común de los contenidos de una Constitución“ generan gran inquietud. Esta controversia sobre los efectos de la imposibilidad de alcanzar el quórum de los 2/3 en diversas materias muestra la necesidad de introducir un mecanismo transparente, como el arriba propuesto, para dirimir estas situaciones.
5. Incorporar mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía y alimenten la deliberación de la Convención Constitucional.
6. Establecimiento de cuotas de género, etárias y para pueblos originarios (con padrón propio). Que el 50% de la Convención sean Mujeres y que haya paridad en roles dentro de la asamblea.
7. Eliminación previa de las restricciones impuestas a los dirigentes sindicales para optar a cargos de representación popular.
8. Extensión a 3 años de la inhabilidad para postular a cargos de representación popular, a quienes participen como delegados de la Convención Constitucional.
9. No estaremos todos si no votamos todos y todas. Derecho a voto para todos los compatriotas que se encuentren en el extranjero para ambos plebiscitos. hayan alcanzado la mayoría absoluta calificada, sean objeto de resolución