El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, junto con la presidenta y el secretario ejecutivo del Movimiento Progresista; Patricia Morales y Camilo Lagos, criticó el nombramiento -por parte del ministro de Economía, Pablo Longueira- del nuevo director del Servicio Nacional del Consumidor, Juan José Ossa, puesto que este último perteneció al equipo de abogados que defienden a Cencosud en una demanda del organismo gubernamental contra la empresa privada iniciada el 2006, cuyo fallo se encuentra pendiente en la Corte Suprema.
El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, junto con la presidenta y el secretario ejecutivo del Movimiento Progresista; Patricia Morales y Camilo Lagos, criticó el nombramiento -por parte del ministro de Economía, Pablo Longueira- del nuevo director del Servicio Nacional del Consumidor, Juan José Ossa, puesto que este último perteneció al equipo de abogados que defienden a Cencosud en una demanda del organismo gubernamental contra la empresa privada iniciada el 2006, cuyo fallo se encuentra pendiente en la Corte Suprema.
“Hay una evidente tensión de intereses ya que el Gobierno después de dos años de mandato y ad portas de estar terminando su periodo aún no entiende la necesidad de nombrar jefaturas no sólo en base a consideraciones técnicas, sino que también estando seguros de que se conserven los derechos y principios de probidad y no conflictos de intereses”, expresó el presidenciable.
Por su parte, Patricia Morales fue enfática en su crítica hacia el oficialismo y comentó que: “El Gobierno no está siendo prudente y no está velando por el bien común y el bien público. Cuando hablamos de derechos de los consumidores, se espera que la persona que esté encargada de esta institución, tenga trayectoria en esta temática y también la convicción de velar por la garantías de la gente”.
Camilo Lagos explicó que: “Nuevamente el Gobierno está priorizando el bienestar del empresariado y no el de la ciudadanía. Lo más probable es que cuando el señor Ossa deje la dirección del Sernac, regrese al sector privado y posiblemente vuelva a defender los intereses económicos de los grandes conglomerados y no los de la gente. Lo que es grave e inaceptable. Creo por tanto urgente regular que funcionarios públicos que ocupen altos cargos no puedan automáticamente desempeñarse en sectores privados relacionados a la función que desempañaron”.