Patricia Morales
Cumpliendo con los rituales republicanos, la Presidenta Bachelet presentó ante la Nación el discurso del 21 de mayo, conjugando más elementos de cuenta pública que anuncios para los próximos doce meses.
Si bien se trata de un hito político que provoca expectativas, el discurso de este año planteaba un desafío adicional mayor: recuperar la legitimidad de la política en todos sus estamentos y proponer un camino para reconstruir el pacto social entre ciudadanos y representantes.
Si bien Bachelet inició su discurso reiterando su compromiso con la reducción de la desigualdad e impulso reformador, lo expuesto tanto en educación, reformas políticas y desarrollo económico, careció de una visión de largo plazo y se alejó del programa por el cual fue electa.
En efecto, lo que está en juego en educación -nunca está de más repetirlo- es el derecho universal a la educación pública, gratuita y de calidad. Dicho de otra forma, se trata de concebir la educación como un derecho irrenunciable, lo cual supone que el Estado deja de tener un rol subsidiario. Al proponer gratuidad para únicamente el 60% de los alumnos de educación superior, Bachelet no sólo incumple con su promesa de campaña -dándole la razón a todos quienes denunciamos que la reforma tributaria estaba mal calculada-, sino que no aborda el fondo del problema, que es el rol que debe cumplir el Estado en educación.
En segundo lugar, una de las grandes interrogantes era si la Presidenta anunciaría o no un plebiscito para reformar la Constitución. Quizás sea hora de evaluar la pertinencia de anunciar titulares de reformas posibles o futuras sin describir el mecanismo para ello. La no definición y posicionamiento de la Presidenta en esta materia sólo servirá para aumentar los grados de incertidumbre y la sensación de desprestigio de una cierta casta política -no toda- que pareciera negarse a que la ciudadanía recupere el legitimo derecho a definir de manera democrática la forma bajo la cual se redactaría una nueva Constitución.
En materia económica, fue un acierto de Bachelet el vincular crecimiento económico con equidad y terminar de una vez con esa falsa dialéctica. El crecimiento económico es condición sine qua non para el desarrollo de un país; en este caso el hacer de Chile un país no sólo más justo e igual, sino que también más moderno. No obstante, el discurso careció de una hoja de ruta clara en materia económica, que permita vislumbrar cómo se pretende mejorar los índices de competitividad de Chile en los próximos veinte años, cómo mejorar los niveles de inversión en I+D y ciencia y tecnología. Por cierto que destaca el anuncio de analizar la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero esa promesa ronda en el Ejecutivo hace al menos ocho años. De hecho, fue una de las promesas incumplidas de Piñera. Esperemos que este Gobierno sí cumpla.
A nivel sectorial se anunciaron o cumplieron hitos de gran relevancia para el país, como el fin al binominal, la Ley Ricarte Soto, el anuncio de terminar con los trabajadores a honorarios en el sector público (aunque sólo a nivel central), y el término del 5% en salud de los jubilados.
El momento político exigía, quizás, respuestas más contundentes en términos de reformas que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía. Esta cuenta pública deja el sabor de una gran oportunidad perdida.