Por: Marco Enríquez-Ominami
El mercado es la herramienta fundamental para crear riqueza, pero no sirve para generar y promover la equidad, tarea que corresponde, fundamentalmente, al Estado. Está demostrado, hasta la saciedad, que los agentes del mercado no se regulan a sí mismos, por consiguiente, el papel del Estado es fundamental e irreemplazable.
La libre competencia, desafortunadamente, se ve afectada por malas prácticas, entre ellas la más frecuente en nuestro país es la colusión, que no sólo se da en el plano de los agentes económicos, sino también en el de los políticos. Los casos emblemáticos, durante estos últimos años, se han centrado en las farmacias y laboratorios, las empresas avícolas, las de transporte de pasajeros y navieras, entre otras. Especialmente nociva para los consumidores de bajos ingresos, los jubilados y adultos mayores ha sido la famosa colusión de las grandes farmacias, Cruz Verde, Ahumada y Salco Brand, condenada por el Tribunal de la Libre Competencia al pago de una multa, muy inferior a lo defraudado. Actualmente, los Tribunales de Justicia están próximos a fallar una arista penal – en el período del Presidente Ricardo Lagos se le suprimió el carácter de delito a la colusión.
Otro impacto de las prácticas de colusión fue el causado por las empresas faenadoras de pollos, que se aprovecharon de una organización gremial para coludirse. El pollo es un alimento fundamental y al alcance de los bolsillos de los sectores populares. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos de abuso contra la libre competencia las multas son de beneficio fiscal, es decir, no sirven para resarcir económicamente a las víctimas, los consumidores – eso sin tener en cuenta el daño moral que afecta a los ciudadanos más vulnerables de nuestro país.
La Presidenta de la República ha propuesto a la consideración del Congreso un proyecto ley de defensa de la libre competencia, que incluye penas de crimen para el delito de colusión, que van de cinco a diez años efectiva, además incluye multas equivalentes al doble de las ganancias obtenidas ilegítimamente, o bien el 30% de los beneficios devengados durante el período en el cual se llevó a cabo el delito.
Estoy convencido de que una penalización draconiana es fundamental, a fin de lograr la erradicación de estas prácticas, contrarias a la libre competencia y, así, devolver al mercado su legítimo rol y la confianza ciudadana, en armonía con la ética que debe regir a todos los agentes del mercado.
Soy partidario, asimismo, de crear una especie de Tribunal de Libre Competencia también en la política que, lamentablemente para la democracia, tiende a copiar las estrategias de colusión, propias de la economía.
Fuente: Estrategia