Por Mario Waissbluth: Experto en Política Educacional, Fundador y Coordinador Nacional de Educación 2020
A raíz del reciente informe 2014 de la OCDE sobre Chile, diversos titulares han destacado que Chile es uno de los países con menor matrícula escolar pública en el mundo. No es novedad. El promedio de la OCDE es 83% (como lo fue en Chile en los años 80), y el de Chile hoy es 37%.
Las rudas cifras.
En la última década hay una tasa bastante constante de caída de matrícula pública, con un promedio de 64 mil alumnos por año. En el mismo período el sector particular subvencionado ha ido ganando cerca de 30 mil alumnos anualmente. La diferencia se explica por caída demográfica.
En valor monetario de hoy, esto equivale a una pérdida acumulada de ingresos del 2004 a la fecha de US$ 1.100 millones… cada año. Esta caída de ingresos, asociada a una estructura de costos muy fija, explica el déficit monumental del sistema, frente al cual el bienvenido anuncio reciente del pago de algunos cientos de millones de dólares para deudas previsionales es, en la práctica, una gota de agua en el mar. Si esta caída de matrícula llegara a continuar 3 años más, se acumularía un déficit adicional de cerca de US$ 300 millones anuales, provocando la quiebra en muchos municipios.
Si se quiere detener y ojalá revertir esta caída, no por decreto, sino que mejorando las condiciones de las aulas públicas, es importante entender en detalle las causas del colapso. Aquí ofrecemos una lista de las once acciones u omisiones que condujeron al mayor experimento mundial en la privatización deliberada de un sistema escolar.
Las causas del colapso económico e institucional.
1. Municipalización irresponsable en los años 80, sin darle a los alcaldes las herramientas ni las obligaciones de gestión necesarias. Aunque hay muchos casos ejemplares de buena gestión escolar municipal, si un alcalde descuida los asuntos escolares, no hace campañas de matrícula, tiene conflictos de interés, hace designaciones clientelares o inadecuadas, malgasta o desvía recursos, el MINEDUC no ha tenido hasta la fecha ninguna potestad jurídica para intervenir la situación. El dueño real de las escuelas públicas, es decir el Estado, está completamente ausente y atado de manos.
2. La municipalización vino acompañada de un cambio de estatuto laboral para los profesores en los 80, que generó severas pérdidas previsionales y salariales (la deuda histórica), con la consecuente conflictividad gremial que perdura hasta hoy a pesar de sucesivos pero insuficientes aumentos salariales y bonos de retiro. Las frecuentes huelgas y paros contribuyen adicionalmente a deteriorar la imagen frente a muchos apoderados.
3. Las rigideces laborales excesivas introducidas vía Estatuto Docente en los 90 se diseñaron para compensar el menoscabo recibido por los profesores públicos, pero en la práctica, dificultaron severamente la gestión del sistema municipal. Estas dificultades en realidad no hubieran sido tan graves, si no fuera por el escenario de conflictividad laboral mencionado en el punto anterior.
4. El Estado no invirtió en nuevas escuelas públicas en zonas de rápida expansión urbana, dejando así el terreno libre para que esta demanda fuera cubierta por la educación particular subvencionada, p. ej. en La Florida, Maipú o Alto Hospicio, con un financiamiento que en su mayoría provino de la Jornada Escolar Completa. El Estado le dejó el terreno libre a los privados, y además financió esta expansión con mínimos requisitos de calidad o tamaño.
5. Gran permisividad, desde el 80 hasta hoy, para permitir que muchas escuelas particulares subvencionadas “descremaran” al alumnado, por la vía de procedimientos (legales o ilegales) de admisión o expulsión, de modo que los estudiantes menos aventajados o más conflictivos se hacinaran en las escuelas públicas, con el consecuente deterioro de clima, motivación y resultados. Esto incentivó a muchos apoderados para sacar a sus hijos de las escuelas públicas.
6. Agravando aún más las cosas, en los 90 se aplicó la política de copago o financiamiento compartido. Con esto, el “descreme de alumnos” no fue sólo de carácter académico o conductual, sino que además socioeconómico. Es sabido internacionalmente que los alumnos con mayor capital cultural rinden mucho más. Así, la migración a las escuelas particulares no fue sólo de los alumnos más aventajados, y los de menores problemas conductuales y sicosociales, sino también los de mayor nivel socioeconómico. Se consagró así el sistema educativo más segregado del mundo, con muchas escuelas públicas como “guetos de desesperanza aprendida”.
7. Los recursos del copago se pudieron aplicar con plena libertad a cualquier propósito, incluyendo salarios de profesores. Este no fue el caso con la rígida subvención preferencial. El resultado, verificado estadísticamente, es que una buena parte de los profesores mejor preparados se fueron a trabajar a las escuelas particulares, de mejor remuneración y menor conflictividad. Gracias al nefasto copago no sólo se “descremaron” alumnos, sino también profesores.
8. En su última semana de gobierno, Pinochet decretó que los directores de escuelas públicas fueran vitalicios. La Alianza, por razones exclusivamente clientelares, vetó en el Congreso la concursabilidad de los mismos desde 1990 a 2005 en 3 ocasiones. Es fácil imaginar los resultados de la gestión de una red de 5000 escuelas en que sus directores en realidad no le responden a nadie durante quince años.
9. Cada vez que el Estado legisló un incentivo para profesores, como bonos SAE, o bonos de retiro, lo hizo sin proveer los recursos correspondientes (o dándolos como préstamos contra la subvención), agravando las de por si precarias condiciones financieras de los municipios.
10. Los aportes anuales del FAGEM (Fondo de Apoyo al Mejoramiento de Gestión Municipal), que tanto critican los defensores de los colegios particulares por constituir una suerte de “favoritismo” hacia las escuelas públicas (y para reclamar por su “ineficiencia”) representan aproximadamente un 20% del déficit anual generado por las políticas arriba mencionadas.
11. Las políticas de “semaforización”, agravadas del 2010 en adelante, estuvieron claramente diseñadas para mostrar a las escuelas públicas como las de “peor SIMCE”, sin tomar en consideración la estructura socioeconómica del alumnado o la existencia de prácticas descremadoras. La prensa destaca todos los años a “las mejores escuelas del SIMCE” (o la PSU), regocijándose al señalar que prácticamente no hay escuelas municipales entre ellas, en una comparación técnicamente injusta. Esto deterioró aún más la imagen de las escuelas públicas y agudizó el círculo vicioso.
La paradoja
Si se miran los resultados del SIMCE o PISA (es lo que hay) en establecimientos de cada segmento socioeconómico, los resultados son en promedio muy similares entre ambos tipos de escuela. Esto rara vez se divulga. Si se lograra medir el impacto de las ilegales admisiones y expulsiones “descremadoras” (cuestión casi imposible) los resultados claramente favorecerían a las escuelas públicas. Dados todos los elementos negativos arriba mencionados, es casi incomprensible que los resultados sean similares, y esto sólo es explicable porque, junto con escuelas privadas excelentes, el libertinaje de mercado facilitó la creación de centenares o incluso miles de escuelas particulares pésimas y de tamaño sub-óptimo.
Dado este conjunto de políticas de acción y omisión, aplicadas sistemáticamente por 30 años, decir entonces que la educación privada es “de mejor calidad” o “más eficiente” que la pública, constituye un descaro de proporciones descomunales, alimentado por ideologías carentes de cualquier evidencia, así como por obvios intereses creados. Es como desangrar deliberadamente a un enfermo y después criticarlo por ser lento para correr la maratón.
Las vías de solución.
Es novedoso que ahora todo el espectro político exija rescatar la educación pública… después de décadas de políticas de agresión por las cuales no se ha visto ninguna expresión de arrepentimiento o al menos de reconocimiento del error. Enhorabuena, de todas maneras.
Hay una carrera contra el tiempo para prevenir el colapso definitivo. Todas las medidas anunciadas recientemente por el gobierno, y otras que restan por diseñar y aplicar, tomarán tiempo en rendir frutos. En el intertanto, paradojalmente, el fin del copago facilitará la transición de más alumnos del sector público al privado, especialmente con la nueva subvención preferencial de clase media. Si en los próximos dos o tres años llegaran a salir del sistema público los mismos 65 mil alumnos anuales, esto significará la pérdida adicional de aproximadamente 15% del financiamiento de las escuelas públicas, con la eventual quiebra de muchos municipios y cierres masivos de escuelas… lo cual agudizará la conflictividad.
Las claves para abordar la emergencia: 1) darle a la brevedad mayores atribuciones legales al MINEDUC respecto al sistema municipal; 2) concentrar los esfuerzos en la formación y renovación de directivos de excelencia tanto en las escuelas como en los sostenedores públicos; 3) tramitar a la brevedad la ley de desmunicipalización; 4) resolver los problemas financieros más acuciantes, para compensar el daño causado por esta agresión insólita y prolongada; 5) impedir los “descremes” derivados de selección y expulsión; 6) otorgar (y financiar) generosos bonos de retiro a profesores auténticamente cansados, implantando simultáneamente rigurosos procedimientos de selección e inducción de nuevos docentes; 7) aumentar a la brevedad las remuneraciones de profesores y directores trabajando en escuelas vulnerables; 8) impedir la creación de escuelas particulares sin requisitos mínimos de calidad y tamaño, tal como lo propuso la “comisión Beyer” el 2010; 9) coordinar los esfuerzos de diversas instancias municipales, regionales y ministeriales para el fortalecimiento de la educación pública, y 10) sobre todo, generar una nueva épica de la educación pública como símbolo de unidad nacional y de integración cultural del país.
Mario Waissbluth: Experto en Política Educacional, Fundador y Coordinador Nacional de Educación 2020