Rafael Urriola U.
Los ciudadanos en Chile no son tan torpes, incultos y despreocupados como afirma el conservadurismo. Cada vez que a las cúpulas de los partidos políticos del binominal se les plantea temas llamados complejos (por ejemplo, y muy especialmente, la necesidad de una reforma constitucional) responden, en primer lugar, que ese no es el problema de la gente. .
No obstante, esto aparece con suficiente frecuencia y peso en las encuestas que, por lo demás, son las mismas que califican a todos los otros acontecimientos que todo el país conoce: opinión del gobierno, de la presidenta, de los ministros, de los políticos, etc. etc. Es decir, no hay razón para creer en sólo ciertas respuestas que arrojan las encuestas
El tema de la Reforma a la Constitución puede parecer demasiado “técnico”, pero ha sido la derecha que ha ayudado con mucho a que la población lo considere necesario. En efecto, cada vez que se han planteado reformas sentidas por la gente, la derecha ha dicho que apelaría al Tribunal Constitucional (reforma a las Isapres, reforma laboral, reforma a las AFP’s). Si así fuese, entonces efectivamente la Constitución no es más que una traba a las reformas imprescindibles que exige la población en el momento actual.
Demos un ejemplo. Hay argumentos más que suficientes para demostrar que las pensiones de las AFP’s son de máxima insuficiencia para la mayoría de la población y que el Estado está actualmente financiando a más del 70% de los pensionados; que las comisiones cobradas por las AFP’s han sido tan exageradas que en las últimas licitaciones, empresas igualmente privadas, las han rebajado en más de 50%; y, que los cálculos de esperanza de vida en las AFP’s han aumentado, favoreciendo la retención de utilidades en manos de las empresas.
Hay 9,2 millones de personas que están inscritas en los registros laborales (es decir, han cotizado al menos una vez en el sistema), de los cuales sólo cotizan 5,6 millones y el 72% de éstos cotiza sobre remuneraciones inferiores a los $320.000. En la actualidad más de 600 mil pensiones básicas solidarias y más de 450 mil personas han recibido el aporte previsional solidario, es decir, dejan ganancias en el sector privado y costos en en el sector público.
Además, el Estado debe hacer un esfuerzo para financiar las pensiones de las Fuerzas Armadas, puesto que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional requiere un presupuesto anual de 877 mil millones de pesos. Cabe preguntarse ¿por qué las Fuerzas Armadas -en la época siendo el poder ejecutivo y legislativo- cambiaron al sistema privado a los trabajadores civiles y guardaron para sí el sistema de reparto solidario? : Nuestra propuesta es equiparar a los trabajadores al sistema actual de las FF. AA. que, en todo caso, requiere reformas actuariales.
Ahora bien, si el Estado debe asumir los costos previsionales de esa enorme mayoría de chilenas y chilenos ¿por qué debería seguirse permitiendo que el sector privado obtenga beneficios que no sirven para el usuario? Estas son las preguntas que debiesen hacerse a todos los ciudadanos mediante plebiscitos u otras formas de consulta que existen en numerosos países. La Constitución actual chilena, decretada en dictadura, no permite estas manifestaciones democráticas. He aquí otra razón para transformar la Constitución en nuestro país.
En el caso de la reforma a las Isapres la situación es asimismo muy clara. Las personas que pertenecen a ese sistema -si bien lo hacen voluntariamente- se les “castiga” cada vez que es más necesaria la protección del seguro de salud, es decir, cuando se está enfermo, cuando se entra en edad de adulto mayor o se es mujer en la llamada edad fértil. Un seguro que sirve menos cuando más se le necesita, deja de cumplir su función esencial. La salud no es un bien cualquiera. Es un derecho social y, por lo tanto, debe ser protegido por el Estado. ¿Es justo que las Isapres expulsen gente porque son demasiado costosos después de haber recibido sus cotizaciones durante los mejores años de su vida? En esto también debe ser posible que l@s chilen@s opinen en formas plebiscitarias y que no sean impedidos constitucionalmente como en la actualidad.