La Corte Suprema rechazó los recursos de protección que habían presentado ambientalistas y organizaciones ciudadanas en contra de Hidroaysén, en un fallo dividido de tres votos contra dos. Para los progresistas, es impresentable que el voto que inclinó la balanza, correspondió al del Ministro Pedro Pierry quién posee casi 110 mil acciones de Endesa que junto a Colbún son los impulsores del proyecto Hidroaysén. El magistrado no se inhabilitó pese a los intereses que tiene en el negocio.
Sin embargo, para el Movimiento Progresista no es la única mala señal, según Miguel Márquez, director del programa Medio Ambiente y Energía de la Fundación Progresa
La Corte Suprema rechazó los recursos de protección que habían presentado ambientalistas y organizaciones ciudadanas en contra de Hidroaysén, en un fallo dividido de tres votos contra dos. Para los progresistas, es impresentable que el voto que inclinó la balanza, correspondió al del Ministro Pedro Pierry quién posee casi 110 mil acciones de Endesa que junto a Colbún son los impulsores del proyecto Hidroaysén. El magistrado no se inhabilitó pese a los intereses que tiene en el negocio.
Sin embargo, para el Movimiento Progresista no es la única mala señal, según Miguel Márquez, director del programa Medio Ambiente y Energía de la Fundación Progresa, “el nombramiento del quinto Ministro de Energía en menos de 2 años, Jorge Bunster Betteley como nueva autoridad de ese sector, consolida una modalidad que poco a poco se ha ido imponiendo con el gobierno de Piñera: privatizar los asuntos estratégicos y de responsabilidad que le corresponde al Estado”.
Márquez, calificó el hecho como lamentable y preocupante, “la vida profesional de este empresario ha estado al servicio de COPEC, consorcio que siempre ha mostrado interés por ENAP, y hoy, por derecho, le corresponderá ser Presidente del Directorio de esa empresa del Estado. Acorde a los medios la aparente venta de acciones que él poseía de COPEC, descartaría los conflictos de intereses que pudiesen existir con su nombramiento en el cargo”.
El líder de los progresistas, Marco Enríquez-Ominami, denunció este tipo de actitudes y rechazó además, la larga lista de desaciertos que se acumulan en este sector estratégico de la economía, “es en este sector en donde prevalece y se refleja nítidamente el doble discurso en vigor: de apoyo público a las energías limpias por un lado, pero les recorta significativamente el presupuesto para este año; firma protocolos de cooperación a nivel internacional contra el cambio climático pero al mismo tiempo siembra el litoral de centrales a carbón o permite la explotación de nuevas minas de carbón como Isla Riesco; dicen que se requiere más energía para combatir la pobreza – para justificar Hidroaysén, entre otras- mientras aumentan los precios de los energéticos y se engrosan las utilidades de las empresas energéticas”.
Los y las progresistas hicieron un llamado de atención a la opinión pública acerca de este doble discurso y advirtieron que falta de política pública en el ámbito de la energía, redundará en un aumento de la dependencia y vulnerabilidad, de impacto en los presupuestos de las familias y de impacto en el medio ambiente con la aprobación de megaproyectos como Hidroaysén a espaldas y en contra de la gente.