A días de la cuenta pública del Presidente Piñera, las comisiones de medio ambiente de los partidos de oposición, señalamos lo siguiente:
La pandemia del coronavirus que azota a nuestro país es una catástrofe sanitaria, económica y social, de consecuencias aún no dimensionadas y derivada de la relación destructiva del ser humano con el medio ambiente. Un fenómeno que trastoca profundamente nuestra forma de vivir e interpela nuestro vínculo con la naturaleza. De manera lamentable, esta pandemia ha hecho evidente las enormes desigualdades que persisten en Chile y nos arrastra a la peor crisis económica y social desde los años 80.
Sin embargo, nuestra respuesta a esta crisis, en conjunto con el proceso constituyente que se avecina, es también una oportunidad para realizar los cambios urgentes e indispensables para replantear nuestro modelo de desarrollo. Es el momento de reconocer los límites planetarios, el irrestricto respeto por los Derechos Humanos y poner en el centro el bienestar de todas las personas y la solidaridad entre generaciones.
Actualmente se discuten propuestas de reactivación económica para enfrentar la crisis que son insuficientes y mantienen el modelo neoliberal de explotación de recursos naturales. Estas propuestas desconocen que la estrategia de desarrollo de Chile ya mostraba claros indicios de agotamiento antes de la pandemia, como puso en evidencia el estallido social de octubre del año pasado.
Chile requiere un nuevo modelo de desarrollo, y el primer paso es asegurar propuestas de reactivación cuyos principios se anclen en la sustentabilidad. En la perspectiva de impulsar un cambio que lleve a Chile a un desarrollo sustentable, más justo, democrático e inclusivo, las comisiones de medio ambiente de los partidos firmantes, proponemos abordar las siguientes acciones en un plazo no mayor a tres años.
¿Cómo lo haremos?
Primero, la reactivación económica debe respetar más que nunca los avances normativos nacionales e internacionales de protección ambiental que tanto hemos tardado en construir. Se debe asegurar que las propuestas de reactivación, y los recursos adicionales que se inviertan, cumplan la regulación ambiental vigente. Ello requiere de un fortalecimiento de la capacidad de respuesta, de la fiscalización y de la institucionalidad ambiental.
Además, el Estado debe participar y ser garante de la inversión, velando por el bien común. Deberá priorizar a los proyectos y sectores productivos que empujen decididamente al país hacia una transición ecológica, evitando aquellos que no permiten avanzar en dicha dirección.
Del mismo modo, la ciudadanía no puede estar ausente. La participación ciudadana, en especial de nuestros pueblos originarios, debe ser promovida y garantizada, como eje esencial de la democracia y el desarrollo económico. Debemos asegurar que la economía esté al servicio del bienestar de las personas y las futuras generaciones, así como también del cuidado y conservación de la naturaleza y su biodiversidad.
¿Qué proponemos?
Proponemos la creación de un fondo nacional para la sustentabilidad de al menos US$10 mil millones, lo que equivale a aproximadamente el 3% del PIB anual, distribuido a lo largo de tres años. Este fondo complementaría los recursos ya comprometidos para la reactivación, pero con el objetivo explícito de promover la transformación de nuestra actual estructura productiva hacia una realmente sustentable que facilite la transición ecológica, fundada en la protección y restauración ambiental. Los recursos serán financiados a través de recursos internacionales, procurados a través de la emisión de bonos verdes (para inversión en proyectos sustentables). Asimismo, los recursos invertidos serán cubiertos con los ingresos futuros del desarrollo de industrias sustentables, los ahorros asociados a los menores costos ambientales del desarrollo, así como eventuales reformas tributarias centradas en actividades contaminantes.
Esta propuesta busca reimpulsar los esfuerzos para garantizar el derecho humano al agua para toda la población, avanzar de manera decisiva en las medidas de mitigación y adaptación a la crisis climática, reducir drásticamente los niveles de contaminación, dar un fuerte impulso inicial a la necesaria diversificación de la matriz productiva y energética nacional, y con ellos también aportar al cambio cultural y de educación que necesitamos para incorporar la sustentabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana.
¿Dónde invertir?
Tenemos que dejar atrás la exportación de materias primas de bajo valor agregado y contradictoria con los objetivos de la sustentabilidad, y potenciar nuevas actividades económicas coherentes con los principios de la economía circular y la creación de nuevos empleos con enfoque ecológico.
Asegurar agua potable para el consumo humano y la protección de ecosistemas. La grave sequía que nos afecta y los escenarios hídricos que se avecinan, hacen imperativo que el Estado cuente con las atribuciones para gestionar el agua frente a las crisis en forma justa y velando por el bienestar social y el patrimonio ambiental, en particular asegurando la disponibilidad de agua potable y el tratamiento de aguas servidas en los sectores rurales. Entre los instrumentos del Estado, debe considerarse la generación de infraestructura hídrica sustentable, para beneficio público y gestionada descentralizadamente.
Avanzar en la mitigación y adaptación a la crisis climática, impulsando con urgencia la carbono neutralidad. Generar una nueva matriz energética sustentable, no dependiente de combustibles fósiles y libre de carbón, que asegure a todos los chilenos el acceso a energía; promoviendo los proyectos de energía renovable no convencionales, generación continua, distribuida, la electromovilidad -priorizando el transporte público-, el uso de ciclos y el diseño urbano para un transporte sustentable. Además, dar protección a los sumideros naturales de carbono, promover la reforestación con árboles nativos, y fomentar la transición energética y resiliencia en ciudades y territorios.
Generar condiciones para una importante disminución en emisiones y contaminación atmosférica. Aumentar el subsidio para el revestimiento térmico de viviendas y la sustitución de sistemas de calefacción por aquellos no contaminantes. Implementar medidas para disminuir la pobreza energética de la población, especialmente de los más vulnerables, que garanticen asequibilidad económica, calidad y continuidad del suministro energético.
Invertir y generar las condiciones para un desarrollo del turismo de naturaleza, apoyando la protección de ecosistemas valiosos y la participación de las comunidades. El turismo sustentable y respetuoso con la naturaleza, que ha sido golpeado fuertemente por la pandemia, representa una actividad económica de rápido crecimiento e inclusiva, que permite la participación de las comunidades locales, pequeños emprendimientos o grandes industrias. Así mismo, es necesaria la creación de nuevas áreas protegidas, tanto de ecosistemas terrestres como marinos.
Abordar con urgencia la gestión sustentable de residuos. Disminuir en un 50% la generación de residuos al año 2025, promulgando la ley que regula el uso de “plásticos desechables de un solo uso”, junto con implementar con urgencia y mayor cobertura la Ley de Residuos y de Responsabilidad Extendida del Productor, además de buscar soluciones innovadoras y coordinadas con la gestión local.
Aumentar la inversión en I+D+i para la generación de conocimiento nacional, involucrando de manera efectiva a las universidades y centros de estudio del país en la generación de conocimiento para la toma de decisiones. El conocimiento debe transformarse en innovación ecológica que permita diversificar la matriz productiva nacional hacia la sustentabilidad. Para lograr esto Chile debe llegar a invertir, al menos, el 1% del PIB en I+D+i.
Impulsar la soberanía y seguridad agroalimentaria del país desde los territorios, fomentando el desarrollo de una agricultura sustentable, de la agricultura familiar campesina, que proteja y potencie la biodiversidad en los agroecosistemas y permita la restauración de los suelos degradados o contaminados.
Por último hacemos un llamado a terminar con los territorios de sacrificio y con urgencia focalizar esfuerzos en mayor descentralización, enfrentando la deuda ambiental con los territorios donde se emplazan buena parte de las industrias más contaminantes y que afectan con dureza a los más pobres de Chile.
Esta propuesta no es exhaustiva, es un mínimo de inversión y cambios a abordar para dar un impulso concreto hacia una transición ecológica de nuestro modelo de desarrollo. A las crisis ambientales, del calentamiento global y la extinción masiva de especies, se suman ahora las crisis sanitaria, económica, y social, todas vinculadas y que deben ser abordadas en conjunto.
Chile necesita urgente esta transición ecológica y un nuevo modelo de desarrollo, que de respuesta inmediata a las crisis ambientales locales y globales. Esto debe permear y plasmarse en las leyes e instrumentos de la nación, y ser un reflejo del quehacer, la cultura e identidad de sus habitantes. El espacio de diálogo nacional, generado por el proceso constituyente, es una oportunidad histórica para consolidar y generar las condiciones de una transición ecológica efectiva, estructural, sustentable, participativa, justa y democrática.