La Comau y la Jpro nacional, refutamos tajantemente la decisión tomada por el gobierno de Sebastián Piñera de no firmar el Acuerdo de Escazú argumentando que no es conveniente para Chile.

Escazú es un tratado de América Latina y el Caribe que busca garantizar el acceso a la información, participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, lo cuál hace contraer principios al gobierno y a las grandes empresas para la democratización de la información ambiental y resguardar la vida de las y los dirigentes.

El canciller Andrés Allamand dice analizar 4 puntos de la iniciativa: el contenido de los cambios que traerá en la legislación ambienta de Chile, el alcance interpretado de ciertos principios del pacto, las obligaciones a las que se comprometería el país si firma y la posibilidad de que el texto sea eventualmente llevado a tribunales internacionales.

En base a estos argumentos, declaramos:

Hoy el gobierno de Sebastián Piñera, nuevamente nos falla, queriendo ocultar información, preocupándose de figurar y dejando de lado lo más importante que son los Derechos Humanos. Con todas las cualidades y beneficios del Acuerdo de Escazú, lo más que le preocupa a la administración de turno es la obligación que tendría el país que cumplir, mismas obligaciones que nos permiten avanzar en asuntos ambientales, para las futuras generaciones, mismas de la que somos parte, las mismas generaciones que vienen desde nuestras familias, del vecino, etc.

El canciller textualmente dice que el Acuerdo de Escazú no le conviene a Chile, cuando en realidad a quien no le conviene es a las mismas industrias contaminantes.

Según el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chile está en los mismos niveles que países como Austria, Bélgica, Reino Unido y Suiza en la cantidad de personas que mueren a causa de la contaminación, teniendo una totalidad de 11.300 muertes por contaminación que se producen en Chile cada año. El Gobierno aún sabiendo estos datos prefiere hacer vista gorda a esta gran problemática que no sólo nos afecta en calidad de vida, sino que nos está costando la vida.

Señores del Ministerio del Medio Ambiente, Chile no es el oasis de América Latina en asuntos ambientales como lo plantean. Les traemos a la mesa que el acceso a agua limpia nos pertenece como derecho a los seres humanos y se necesita para ello una reforma al Código de Aguas. Les recordamos que Huasco, Mejillones, Quintero-Puchuncaví, Tocopilla y Coronel, son “Zonas de Sacrificio”. Quizá nos estamos equivocando de Ministerio y el nuestro vive en otro país.

Hoy llamamos a que se reforme el ministerio de Medio Ambiente, con equipo técnico, capaces de aterrizar la información, con educación ambiental y con más fuerzas emplazamos al Gobierno de Sebastián Piñera para que deje la necedad y de una vez por todas se comprometa con el medio ambiente y firme el Acuerdo de Escazú.

Necesitamos replanteamiento, necesitamos que los Derechos Humanos estén en primera categoría, necesitamos un cambio en la constitución donde se garantice un medio ambiente sano, por eso “Aprobamos” la Nueva Constitución y Convención Constitucional.

Nuevamente como dice la mujer árbol Wangari Maathai, “El estado del ambiente de cualquier país, es un reflejo de la clase de gobierno que tiene y sin una buena gobernanza, no puede haber paz”.

La clase de gobierno que tenemos es imprudente, ineficaz y mitómano.