Por: Alejandro Navarro Brain

Chile necesita una Nueva Constitución ¡ahora!

El malestar ciudadano, acumulado por décadas de abusos y desigualdad, hoy desborda a las instituciones, que no fueron capaces de procesar las sentidas demandas de los chilenos y chilenas. Ya es demasiado tarde, la institucionalidad ha caducado, ya no aguanta retoques, ni parches, necesitamos una nueva institucionalidad.

El diagnóstico es compartido. Esa nueva institucionalidad solo vendrá de la mano de una nueva Constitución, y esa nueva Constitución solo podrá ser legítima si es parida por una Asamblea Constituyente.

Los chilenos y chilenas, somos herederos de una democracia enferma, cuyo campo de juego fue delimitado por la Constitución del 80, impuesta en dictadura, en la que se consagra la posición del ciudadano como cliente y consumidor, más que como soberano de las decisiones políticas del Estado.

Mediante una nueva Constitución, la ciudadanía podrá reclamar el poder que se le ha quitado, y para ello, nosotros proponemos que lo primero que debe consagrarse no es un derecho, sino un deber: el voto.

Pero ¿cómo hacer para que el voto, entendido como un deber, y no como un derecho, no vuelva a ser un cheque en blanco a las y los políticos de turno?

Para ello, creemos que el deber del voto, debe ir aparejado además, de derechos ciudadanos que garanticen el control efectivo de la actividad política, por parte de la ciudadanía.

Proponemos que se establezcan los plebiscitos vinculantes, a nivel nacional, regional y comunal y que se instaure el referéndum revocatorio, para todas las autoridades elegidas democráticamente, de manera que la ciudadanía pueda remover a las autoridades si, una vez cumplida la mitad de su periodo, estas no han cumplido con el mandato ciudadano.

Lo que necesitamos es que el empoderamiento de la ciudadanía, pueda tener consecuencias institucionales.

Es por ello que además, proponemos que se consagre la iniciativa popular de ley, para que no haya una delegación absoluta de la capacidad legislativa en el parlamento y que se cree una contraloría ciudadana, que fiscalice el cumplimiento de las autoridades representativas.

Para ello, además creemos en el principio de “un peso para los candidatos, un peso para la ciudadanía” y que los candidatos independientes tengan los mismos derechos que los partidos; el binominal fracasó y el sistema proporcional fue insuficiente, es el momento de un sistema de elección directa, basado en las personas, no en los partidos.

Las escenas de violaciones a los derechos humanos que hemos visto estos días, son dantescas, por lo que tenemos la triste convicción de que los derechos humanos en Chile se violan de manera sistemática, día a día.

Así es en el SENAME, en las zonas de sacrificio, en el Wallmapu. Por ello creemos que una Constitución que reconozca derechos pero que no los defiende, será una Constitución insuficiente y en ese sentido, apostamos a que debe consagrarse en la misma Constitución una Defensoría del Pueblo, como un órgano independiente del Estado que combata al mismo Estado cada vez que este atente contra su pueblo.

Si llegamos a este punto, es ciertamente porque el mundo político ha vivido una profunda desconexión con los actores sociales, y porque durante más de 20 años la única clase social que tuvo una relación directa con el mundo político, fue la clase empresarial.

Pero además, porque las mismas reglas de la Constitución del 80, dejan fuera a dos actores importante dentro de la política institucional: la juventud y los pueblos originarios.

Creemos que así como es importante el empoderamiento ciudadano, es necesario ampliar a la misma ciudadanía, mediante la disminución de la edad del voto a los 16 años, y reconocer las diferencias internas que esa ciudadanía tiene, mediante el reconocimiento de Chile como un Estado Plurinacional.

Finalmente, es importante señalar, que si elevamos el voto a un deber ciudadano, es porque estamos convencidos de que el voto no es solo un derecho que el Estado otorga, sino un deber que mantiene viva la democracia.

Se nos ha hecho ver que el voto es casi un “favor” que el Estado hace a los ciudadanos al dejarlos participar, cuando es en realidad una necesidad de cualquier Estado democrático, para poder subsistir.

Por eso mismo, porque el voto es una necesidad del Estado y no un favor del Estado, es que el Estado mismo debe asegurar todas las condiciones para que la gente cumpla con su deber, mediante vocalías voluntarias y bien remuneradas, decreto de día feriado para las elecciones en un día diferente a los domingos que son y deben ser de las familias y, mediante la libertad de locomoción, que no es otra cosa que transporte público gratuito el día de las elecciones.

El momento ha llegado, las calles han emitido su decreto ¡Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución!

Fuente: Cooperativa