Boris Cárdenas Pisfil, Presidente Metropolitano JPRO y Observador de DD.HH
Héctor Paz Sánchez, vicepresidente JPRO

Previo a la revuelta popular que comenzó en octubre de 2019, había un cuestionamiento hacia el gobierno por un sector de la sociedad cuyos Derechos Humanos eran constantemente vulnerados por diversas razones, entre ellas: el conflicto del Estado Chileno, empresas forestales y el pueblo Mapuche, la sequía provocada por las grandes empresas agricultoras y mineras, la gran cantidad de personas que no tenían aseguradas las condiciones básicas de vida, etc.

Durante la revuelta que va desde octubre, y que se ha mantenido con baja intensidad debido a la Pandemia, las transgresiones a los Derechos Humanos aumentaron y se hicieron mucho más visibles. Es así que podemos contar a más de 400 personas mutiladas, miles de denuncias por tortura y detenciones ilegales, y un urgente despliegue de brigadas de observadores de Derechos Humanos que pudieran constatar las lesiones y arbitrariedades por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Aún por estos días hay organizaciones sociales que trabajan junto con defensorías para lograr sacar de prisión preventiva (la medida cautelar más gravosa para un imputado por un delito) a cientos de jóvenes detenidos durante las protestas que comenzaron en octubre, y cuyos procesos han tenido la particular atención e intromisión por parte del Gobierno de Piñera.

También, sumado a los problemas derivados a las protestas, se agregó el completo desprecio del Gobierno hacia quienes padecen lo más crudo de la Pandemia, quienes han tenido que sobrevivir con lo poco y nada que tienen, con un sistema de salud degradado por el lucro, con medidas sanitarias insuficientes y con un Gobierno que no ha querido escuchar ni ver las necesidades inmediatas que requiere y exige nuestro Pueblo, y que persigue a quienes se atrevan a hablar más fuerte.
Como hemos visto, la vulneración de los Derechos Humanos en nuestro país es un tema transversal e histórico, que va desde la respuesta insuficiente del Estado Chileno por los detenidos desaparecidos y torturados durante la Dictadura, hasta la ineficiente respuesta del Estado ante una situación de crisis en la que se pierden cada día más vidas.

Quienes somos Progresistas debemos abogar intensa y profundamente por el respeto pleno de los Derechos Humanos, por Verdad, Justicia y reparación, así como también por los Derechos de la Humanidad. Los representantes de gobiernos que han faltado a la verdad, que han promovido el odio, la tortura, la pobreza y la discriminación deben ser reemplazados y juzgados cuando llegue el momento.

Un buen inicio para solucionar los conflictos de nuestro país es el avance hacia un Gobierno Progresista, que promueva el respeto integral de las personas que habitan nuestro país y que tome las medidas necesarias para combatir los males heredados por este Gobierno.

La tarea ya comenzó, y el autocuidado, la solidaridad y el compañerismo serán nuestros principales aliados en la construcción de una nueva patria.