Rodrigo Pinto, Presidente Juventudes Progresistas
Anahí Zweig, Estudiante universitaria y Secretaria Comunal de Providencia

Chile a partir del despertar social del 18 de octubre de 2019, comenzó a atravesar por un proceso destituyente, en donde las instituciones de toda índole quedaron en el ojo público y la Constitución se decretó socialmente por muerta. Fue con este escenario que Piñera y su gobierno enfrentaron la crisis del coronavirus.

Y más allá del reconocido apego a las políticas neoliberales que profeta Chile Vamos, desde el momento que nuestro país sumó 1.5 millones de nuevos cesantes, desde que las familias comenzaron a destinar cerca del 75% de sus ingresos al pago de deudas, o desde que se reorganizaron las ollas comunes provocadas por la falta de alimentos, la igualdad social caló hondo en población y se acrecentaron las evidencias de lo poco funcional que resulta el actual sistema para la gente.

Esto provocó la agudización de cuestionamientos y diversificó las propuestas para superar la crisis del modelo, que recuerda en cierta parte, al revisionismo de Eduard Berstein en relación a los postulados de Karl Marx, sobre la mirada y estrategia que tenía para transitar de una sociedad capitalista al socialismo.

Para salir de la crisis por la que Chile atraviesa actualmente, propuestas hay varias, pero todas deben armonizar algunas tensiones que tienen en el centro una lucha interna donde el poder es el protagonista. Es lo que hoy se evidencia en la crisis política por la que atraviesa la coalición de gobierno, debido al conjunto de medidas hasta ahora insuficientes, pero defendidas con descarada elocuencia en favor del gran empresariado.

Con este contexto, la votación llevada a cabo este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro del 10% de las cuentas administradas por las AFP, significó un nuevo precedente dentro del momento destituyente que atraviesa nuestro país. Aquel momento en que el viejo Chile comienza a terminar y el nuevo comienza a aparecer, esta vez de la mano del clamor popular, que evidenció que la riqueza de Chile son sus trabajadoras y trabajadores.

Por ello el espectáculo visto ayer en el Congreso resultó patético, se vio a una clase empresarial que activó toda la maquinaria de su gobierno, a través de un feroz lobby parlamentario en su coalición, que expuso nuevamente los miedos de la derecha temeraria desde el 18 de octubre. Porque el pueblo se identificó y reconoció sin miedo en la desigualdad, pero desde la vereda del empoderamiento de la dignidad y con la firme exigencia social de crear un sistema político basado y comprometido con su ciudadanía.

Hasta antes que se iniciara la pandemia en nuestro país, la institucionalidad chilena sentía el miedo al cambio. En las élites chilenas se acrecentó el miedo luego de meses de convulsión social. Sin embargo, el coronavirus hizo mutar el miedo y el Estado estableció un diseño para traspasar el miedo, bajo el pretexto de la pandemia, nuevamente hacia la ciudadanía. De un país volcado en las calles, pasamos a un país en confinamiento. De chilenas y chilenos reclamando por sus legítimos derechos, pasamos a una ciudadanía enfocada en buscar el alimento, techo y abrigo para no caer ante el virus. De notas y reportajes evidenciando los excesos policiales y la constante movilización social, pasamos al espectáculo de los reportes del ministerio de salud sobre el avance de la pandemia. De humanos pasamos a cifras.

Para el filósofo, Robert Castel, “la inseguridad moderna no sería la ausencia de protecciones o medios sino todo lo contrario, una obsesiva “manía” vinculada a la búsqueda incesante de seguridad en un mundo social interrelacionado”. Es la histórica retórica de la derecha y la piedra angular del actuar de Piñera tras la explosión del coronavirus. Aprovechó políticamente el virus para establecer una normalidad militarizada y llena de leyes punitivas para quienes no cumplan las medidas, aun si su transgresión sea por un derecho humano.

Por lo anterior es que resulta importante y de carácter histórico la aprobación de la idea de legislar el retiro del 10% de los ahorros que los trabajadores depositan forzadamente mes a mes en las AFP. Comienza el fin de un sistema de ahorro forzado impuesto en medio del miedo y fusiles, que significó el mayor negocio del siglo para un conjunto de hoy multimillonarios y para un sistema que fabricó pensiones de miseria.

Por ello, el plebiscito de octubre es la luz de esperanza en estos días fríos y nublados. La pandemia es una pausa, una “tregua” entre el movimiento social y la institucionalidad. Mientras más cerca estemos de octubre, el miedo que ayer en el Congreso se vio en rostros de ministros, volverá a apoderarse de La Moneda, que no dudará de evitar la votación y un proceso que, para su lamento, es y será irreversible.