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Fecha de actualización: 5/3/2019

Lineamientos Educación Dual

En base al último informe del Mineduc, respecto a la deserción escolar, la deserción del sistema regular a nivel nacional ha bajado ininterrumpidamente entre los años 2012 (3,7%) y 2017 (2,5%) ( Fuente: https://centroestudios.mineduc.cl/2018/07/20/la-desercion-escolar-ha-aumentado-o-disminuido/), que si bien los estudios muestran que ha ido a la baja, la cifra no es menor a medida que avanza en la educación media, que alcanza el 10% (Fuente: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=460171 )

Planteamos entonces un nuevo sistema de estudio técnico para Chile, Educación Dual.

  1. ¿Por qué dual? Porque se forma a partir del vínculo entre 2 instituciones: escuela y empresa. Dicha relación esta mediada por un ente superior: Instituto Federal de Formación profesional, encargado de:
    1. Generar vínculo escuela-empresa
    2. Establecer planes de estudio y programas para la Escuela y para la Empresa
    3. Homogeneizar y alinear criterios inter regionales
  2. Objetivos:
    1. Generar prácticas sociales inclusivas en el campo laboral y educacional
    2. Estimular el desarrollo económico a partir de la inserción de los jóvenes en el mercado laboral
    3. Evitar la deserción escolar
    4. Establecer la praxis como forma de aprendizaje
    5. Involucrar a otras organizaciones financiadas por el Estado, las que en su estructura tienen especialistas y talleres diversos, como son las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Bomberos ampliando en el primer caso, el Servicio Militar Voluntario a 3 años, con las adaptaciones del caso.
  3. En que consiste:

El sistema de educación dual busca vincular la educación técnica con las empresas, de forma tal que los alumnos cursantes de 2do medio de escuelas técnicas puedan insertarse en el mercado laboral a partir de la comunión entre escuela-empresa. El alumno comenzaría a hacer una pasantía rentada en la empresa, bajo condiciones laborales inclusivas (sueldo mínimo, salud, vacaciones pagadas, etc), a la vez que continuaría su asistencia escolar. Dicha logística se daría de la siguiente manera: 4 días de trabajo en la empresa y 1 día de asistencia escolar.

  1. Beneficios para la empresa:
    1. Contaría con aprendices solventados por el SENCE durante el primer año. Los alumnos pasantes serían pagados por este ente, no por la empresa.
    2. Tendrían la posibilidad de contar con fuerza de trabajo rentada y en proceso de consolidación de su aprendizaje, por un sueldo mínimo por 2 años.
  2. Beneficios para el Estado:
    1. Ahorro en infraestructura, dado que los alumnos asistirían a la escuela una vez por semana, cada liceo tendría la posibilidad de albergar mayor cantidad de alumnos.
    2. Ahorro de costos operativos, los instrumentales (herramientas, laboratorio, materiales, etc.) serian absorbidos por la empresa; dejando al liceo y, por ende, al Estado, libre de este gasto.
  3. Beneficios sociales:
    1. Aceleración de la inserción de los jóvenes en el mercado laboral
    2. Institucionalización del proceso educativo a partir de la generación de entes reguladores y convenios efectivos
    3. Contención social a partir de la generación de espacios que permitan a los jóvenes insertarse en el mercado laboral sin necesidad de desertar la escolaridad
    4. Las familias quedarían exentas del pago de la educación, dado que durante el 1er año estaría a cargo del SENCE y los 2 siguientes de la empresa, siendo posible un posterior contrato como trabajador capacitado, un Emprendimiento propio, o un convenio empresa-Universidad para los estudios superiores.

Políticas públicas para Regiones

Fecha actualización 30/08/2018

I DESIGUALDAD ECONÓMICA ENTRE REGIONES
  • Existe una gran desigualdad entre regiones. En otras palabras, el centralismo político se cristaliza en una desigualdad económica y social, entre regiones, y por tanto comunas, a lo largo del país.
  • A continuación, se presentan una serie de indicadores económicos que reflejan lo anterior:
  1. Mientras RM aportó 46% del PIB nacional, en 2015, Aysén aportó 0,6% del PIB Nacional.
  2. Mientras que la Araucanía tiene un 29,1% de pobreza rural mutidimensional, Magallanes tiene un 9,1% de pobreza rural multidimensional.
  3. Mientras que Antofagasta tiene un 8,9% de desempleo (versus el 7% nacional), Magallanes tiene un 1,7% de desempleo.
  4. Mientras que la Araucanía tiene un 17,2% de pobreza por ingreso (CASEN 2017) (versus el 8,6% nacional), Magallanes tiene un 2,1% de pobreza por ingreso.
  5. A su vez, mientras que la Araucanía tiene un 28,5% de pobreza multidimensional (CASEN 2017) (versus el 20,7% nacional), Magallanes tiene un 10,8% de pobreza multidimensional.
  6. Entre comunas, la disparidad es aún peor. Mientras la comuna de Cañete, en la Araucanía, tiene una pobreza por ingreso de 38%, Punta Arenas tiene una pobreza por ingreso de 4,4%.

Fuente: Casen 2017, fecha publicación 21 Agosto 2018

 

Tabla 1: Participación de cada región en el PIB Nacional

Tabla 2: Pobreza rural por región

Tabla 3: Tasa de desempleo regional

Tabla 4: Tasa de pobreza por ingreso y multidimensional, por región

Tabla 4: Tasa de pobreza por según comuna


II DIAGNÓSTICO

Político

  • Chile es una República exageradamente centralizada, situación consagrada en la Constitución.
  • El Capitulo sobre Gobierno y Administración Regional de la Constitución establece:
  1. La existencia de un régimen presidencialista centralizado, en donde el Intendente es de exclusiva confianza del Presidente de la República y no electo directamente y democráticamente por la ciudadanía (Art. 111 Constitución).
  2. El Intendente es quien coordina y fiscaliza los servicios públicos de la región y la transferencia de recursos desde el nivel central, conforme a criterios pre determinados en el propio nivel central.

Nueva Elección de Gobernadores Regionales

  • El 2016, el Congreso aprobó la reforma constitucional que permite la elección directa del Gobernador Regional.
  • Los actuales Intendentes y Gobernadores provinciales deberían denominarse Delegados Presidenciales Regionales y Delegados Presidenciales Provinciales, respectivamente.
  • Sin embargo, debido a los intereses mezquinos de parlamentarios, los Gobernadores Regionales no serán electos en estas elecciones, del 2017.

Económico y social

  • Chile sufre de fuerte desigualdad económica, social y cultura, como señalado más arriba

Por tanto, urge una descentralización no sólo política, sino que económica y administrativa.

 

III CONCEPTOS

Descentralización

Proceso en el que se genera el traspaso de atribuciones y poder de decisión política, administrativa y fiscal para administrar gobiernos regionales y locales.

Tipos de descentralización

Existen tres formas de descentralización:

  1. Administrativa: se refiere a la redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos desde el gobierno central a los gobiernos locales y regionales.
  2. Política: incluye los procedimientos para aumentar la participación ciudadana a la hora de elegir los representantes políticos.
  3. Fiscal: se refiere a cierta autonomía fiscal de las regiones y gobiernos locales tanto en ingresos, gastos como en endeudamiento.

 

Beneficios

  1. Mayor gobernabilidad.
  2. Reducción de conflictos entre el gobierno central y los gobiernos regionales.
  3. Mejora en los servicios públicos aumentando la satisfacción de la ciudadanía.
  4. Generar soluciones más eficientes a la hora de abordar las necesidades locales debido a la autonomía que se le entrega a los gobiernos regionales.

IV ¿QUÉ PROPONEMOS?

A) En términos de descentralización

  • La división política y administrativa debe dar cuenta de la realidad territorial del país (social, económica, cultura, etc.), al mismo tiempo que permitir la coherencia y expresión de la identidad de las comunidades respectivas.
  • A su vez, la división política y administrativa de Chile debe dar cuenta de cómo nos proyectamos a futuro, a cincuenta años plazos, en términos de definir cuáles serán los polos culturales, económicos, científicos, etc., del país.

La discusión sobre el mejoramiento de la gestión pública no puede desvincularse de la discusión sobre descentralización, hacia regiones y hacia comunas, a nivel político, fiscal y administrativo.

Proponemos:

  1. A nivel político:
  • Consultas Ciudadanas en la más amplia gama de materias de interés público, ya sea a nivel local, regional y nacional. Serán vinculante según criterios específicos (nivel de compromiso fiscal que supone, entre otros).
  1. A nivel administrativo:
  • El traspaso de servicios y programas desde el nivel central al nivel regional y municipal. Por ejemplo, programas de capacitación, discapacidad, infancia, prevención del delito, etc.
  • El traspaso de este tipo de programa debe considerar, sí o sí, los recursos humanos, administrativos y financieros para que puedan ejercerse debidamente.
  • Creación, en cada Gobierno Regional, de una unidad encargada de apoyar la coordinación y articulación entre el gobierno regional y local de estos programas.
  1. A nivel fiscal:
  • Proponemos aumentar las patentes mineras, específicamente aumentar la base de cálculo de la patente minera por hectárea de explotación. Se aplicaría a la gran minería.
  • Proponemos crear una patente comercial eléctrica, que deberá pagar cada central al municipio en donde se genera el impacto directo de la central. El 50% de la patente debiese quedar en el municipio y un 50% en la región.
  • Proponemos crear una partida presupuestaria denominada “Rentas regionales“.

Cada Ministerio deberá consensuar, con cada una de las regiones, una partida destinada a financiar aquellos ejes que el gobierno regional decida desarrollar durante el año fiscal en cuestión.

Ejemplo: Esto permitiría que en Chiloe, por ejemplo, se resuelvan los problemas de falta de infraestructura como los que existen en Chonchi y que tuvieron a la comuna sin agua, por días.

  • Este presupuesto sera gestionado de manera autonoma por el Gobierno regional, respetando las indicaciones de la Ley de Presupuesto y de Contraloría General de la Republica.


B) Propuestas para regiones en particular

En materia de conectividad, hemos propuesto evaluar la construcción de trenes de mediana velocidad, para los tramos de:

  • Arica-Iquique;
  • A su vez, el actual tren que cubre Tacna-Arica, tiene capacidad para muy poca gente, siendo que viajan millones de personas al año, entre ambas ciudades. Es anacrónico no tener mejor conexión entre ambos países y sobretodo, dejar aislada Arica respecto a Iquique;
  • Antofagasta-Calama;
  • Santiago-Valparaíso;
  • Santiago-Concepción, que pase por Rancagua, Curicó, Talca y Chillán.

En la región de Antofagasta, proponemos que el 2% de las utilidades de las mineras se queden en la región, a repartir entre las ciudades principales según los daños colaterales medio ambientales y efectos como el alza de precio inmobiliario.

Se propone un plan de inversión de 100 millones de USD por región (1.500 millones de USD en total a nivel nacional).

  • Si bien es un fondo de inversión para el Turismo, en Antofagasta debiesen destinarse al menos 10 millones de USD para el desarrollo y superación de la pobreza en La Chimba.

Se propone establecer un Fondo Permanente para Catástrofes (FONCAS). Este Fondo, que anualmente recibirá recursos, estará disponible para responder rápidamente a las actividades de emergencia, recuperación y reconstrucción después de la ocurrencia de un desastre, en cualquier región

  • Proponemos para su financiamiento un impuesto de 1% a las exportaciones mineras. Si se considera que el promedio de las exportaciones minera en los últimos cuatro años ha estado en torno a los USD 45.000 millones, este impuesto pre-catástrofes permitiría recaudar anualmente alrededor de USD 450 millones, que iría a financiar los instrumentos de reconstrucción y prevención establecidos por el FONCAS.

EL LUGAR DE LA EDUCACIÓN Y LA CIENCIA EN LA PRESERVACIÓN DEL DERECHO AL AGUA

Fecha actualización 20/02/2019

 

I) Contexto internacional

El agua dulce es un recurso fundamental tanto para la sustentabilidad del planeta, como la del ser humano y nuestra sociedad. A su vez, este recurso está presente en todas las actividades sociales, económicas y ambientales de la humanidad.

3.6 mil millones de personas en todo el mundo (casi la mitad de la población mundial) ya están viviendo en potenciales zonas con escasez de agua, al menos un mes por año y esto podría aumentar a 4.8-5.7 mil millones en 2050 ( UNESCO, 2018 )

Según Naciones Unidas, entre 1990 y 2010, 2.300 millones de personas lograron acceder a mejores fuentes de agua potable. Sin embargo, aún persisten 700 millones de personas sin acceso a agua limpia y potable, a la vez que 2.000 millones de personas requieren tener acceso a servicios de saneamiento de aguas.

Los países en desarrollo tienen desafíos particularmente complejos. Por una parte, suelen enfrentar déficits hídricos, producto del cambio climático, a la vez que una demanda interna de agua que aumenta exponencialmente, conforme crece la economía, en particular el sector agrícola, industrial y la expansión de las ciudades.

Debido a lo anterior, la problemática del acceso, equidad y calidad del agua ocupa un lugar central en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En particular, el Objetivo 6 busca “Garantizar la disponibilidad de Agua y su Gestión Sostenible y el Saneamiento para todos para el 2030”.

Desde ese punto de vista, el derecho al agua no puede entenderse únicamente desde la perspectiva del acceso, es decir la cantidad de agua disponible, sino que debe incluir la calidad y equidad.

En efecto, el agua es un factor determinante para el crecimiento económico y el desarrollo de empleos, toda vez que de este recurso dependen la agricultura, la industria, el transporte y la producción energética. Sin embargo, la calidad del agua incide directamente en la calidad de vida y las condiciones laborales de miles de trabajadores. A modo de ejemplo, Naciones Unidas señala que el 17% de los 2,3 millones de muertos anuales en el ámbito laboral, se produce debido al consumo de aguas contaminadas y las enfermedades asociadas.

Por lo tanto, el Derecho al Agua debe entenderse tanto desde una perspectiva de acceso como de equidad y calidad. Lo anterior supone que el agua potable y su saneamiento sean derechos adquiridos en todos los lugares de trabajo. Sin embargo, desarrollar una política pública capaz de crear y mantener empleos dignos, en términos de acceso, equidad y calidad de agua, ya sea en el sector agrícola, energético o industrial, requiere de una fuerte inversión en ciencia y tecnología.

Preservar y fomentar el Derecho al Agua, en todas sus dimensiones, requiere de una alianza y esfuerzo conjunto entre gobiernos, sociedad civil y sector privado. Esta deberá enfrentar múltiples desafíos como la escasez de agua, el cambio climático y el desplazamiento de trabajadores poco cualificados, potenciales víctimas de problemas sanitarios. En ese mismo sentido, una gestión sostenible del agua permitirá tanto erradicar la pobreza como fomentar el crecimiento económico y garantizar condiciones dignas de trabajo. Lo anterior considerando que se estima que la demanda total de agua crecerá entre 35% y 60%, de aquí al 2050.

 

II) El Derecho al Agua

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, estableció que “el Derecho Humano al Agua es indispensable para una vida humana digna”. Se entiende como Derecho al Agua, el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Luego, en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, señalando que el agua potable limpia y la higiene son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. En ese sentido, Naciones Unidas le pide a los Estados y organizaciones internacionales que inviertan en capacitación y transferencia tecnológica, de manera de ayudar a los países a respetar y fomentar ese derecho.

 

III) El rol de la educación en el Desarrollo Sostenible

 

La educación es la herramienta principal de toda transformación social. En ese sentido, Naciones Unidas designó a la UNESCO como organismo a cargo de velar por el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2015).

En el marco de su cometido, la UNESCO ha señalado que la educación es indispensable a la hora de preparar y formar a los ciudadanos para que puedan enfrentar los retos presentes y futuros en materia de sustentabilidad, así como concientizar a los dirigentes políticos a la hora de adoptar las medidas necesarias y urgentes en la materia.

Para Naciones Unidas, la educación debe entenderse en su máxima expresión, vale decir la capacidad de adquirir diversas habilidades, entre ellas, pensamiento crítico y creativo, comunicación, gestión de conflictos y estrategias de solución de problemas, así como la capacidad de evaluar proyectos, de manera de poder participar activamente en sociedad.

A su vez, educar para la sustentabilidad supone formar tanto a legisladores, como la clase dirigente, el mundo de las finanzas, colegios, universidades, mundo social, etc., de manera permanente y continua.

A su vez, la educación para el desarrollo sustentable, debe cumplir con ciertos criterios:

  • Preocuparse de las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: medio ambiente, sociedad, cultura y economía;
  • Utilización de múltiples técnicas pedagógicas, de manera de promover la participación en el proceso de aprendizaje;
  • Desarrollo de capacitaciones continuas a lo largo de la vida;
  • Desarrollo de planes de capacitación y formación acordes a las realidades locales;
  • Utilización de herramientas tanto de educación formal, como informal;
  • Respeto del principio de interdisciplinariedad.

De esta forma, es posible desarrollar programas de educación que reflejen tanto las condiciones ambientales, sociales, culturales, como económicas de cada país, y que tengan como objetivo fomentar el Desarrollo Sustentable.

 

El rol de la educación en la preservación del Derecho al Agua

Respecto al Derecho al Agua en particular, se espera de la educación que sea capaz de abordar todas las áreas inherentes a este recurso natural, de manera de generar conocimiento y mejorar las capacidades de protección y utilización sostenible de este recurso.

Para lo anterior, Naciones Unidas propone fomentar el Derecho al Agua, desarrollando programas de educación que aborden múltiples temáticas. En particular:

  • Educación terciaria para profesionales del sector del agua;
  • Educación para técnicos operadores del agua;
  • Educación para niños y jóvenes;
  • Educación a nivel comunitario y en medios masivos de comunicación.

Los programas de educación deben respetar las tradiciones locales y el tipo de relación existente entre cada comunidad y el agua como recurso natural.

En ese sentido, la UNESCO recomienda a los países:

  • Desarrollar en la educación básica, una serie de conocimientos, aptitudes y valores que le permita a cada ciudadano contar con medios de subsistencia sostenibles;
  • Incorporar en las mallas curriculares el concepto de sustentabilidad;
  • Mejorar los niveles de concientización de la comunidad a través de campañas en medios de alta difusión.
  • Impartir formación práctica tanto a nivel local, regional como nacional.
  • Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como herramientas de comunicación.
  • Concientizar a las futuras generaciones sobre el uso sustentable de los recursos naturales.

 

IV) Situación en Chile

 

Como señalado anteriormente, el agua dulce y los recursos hídricos son escasos, más considerando el desarrollo económico y social, los efectos del Cambio Climático y el crecimiento poblacional.

Lamentablemente, el análisis sobre la utilización de los recursos naturales, como factor de producción, no suele considerar que, pasado un determinado umbral de explotación, la recuperación de este recurso se vuelve irreversible o de altísimo costo. Es más, si todas las cuentas nacionales incorporarán en su cálculo del PIB nacional, el uso de los recursos naturales, las cifras de crecimiento podrían transformarse en recesión, debido a la utilización intensiva de estos recursos. Por lo mismo se requiere pensar en un desarrollo sustentable y en un horizonte temporal que combine generaciones presentes y futuras.

Chile ha sufrido de periodos recurrentes y prolongados de sequía. En particular, nuestro país necesita aumentar su superficie de riego, así como mejorar la eficiencia en el uso del agua, que es baja.

Aguas superficiales

A continuación, se detallan los principales recursos hídricos con que cuenta Chile, incluyendo el agua salada:

  • 8.000 km de costa;
  • Más de 3.900.000 km2 de Espacios Jurisdiccionales Marítimos.
  • 11.452 km2 de Lagos y Lagunas.
  • 24.114 Cuerpos de Hielo.
  • 23.641 km2 Superficie Estimada de Glaciares.
  • 4.200 km2 Campo de Hielo Norte.
  • 13.000 km2 Campo de Hielo Sur.
  • 97 Cuencas Hidrográficas.
  • 34 Ríos Transfronterizos.

 

Chile es por tanto privilegiado es su dotación hídrica. Sin embargo, esta es muy desigual pues la mayoría de los lagos de mayor tamaño se concentran en dos regiones, las cuales representan el 1,5% del territorio nacional.

Uso del agua en Chile

En Chile, se utilizan 4.710 m3/s de agua al año, de los cuales el 89% corresponde a usos no consuntivos y el 11% a usos consuntivos (es decir a usos extractivos, vale decir que extraen el agua de su lugar de origen). Respecto al uso consuntivo del agua, el 73% corresponde a la agricultura de riego (1.100.000 hectáreas que representan el 40% del área cultivada), el 6% al uso doméstico que abastece a la población, el 9% a la minería 9 y el 12% a la industria.

Por su parte, la relación extracción/disponibilidad de agua es dispar entre regiones, siendo favorable hacia el sur y desfavorable hacia el norte.

 

 

Figura 1: Disponibilidad y extracción de agua por región, en Chile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Nacional para los Recursos Hídricos

En Chile, la Política Nacional para los Recursos Hídricos se comprometió, entre otros, a:

  • Promover la capacitación técnica continua de los funcionarios públicos que trabajan en instituciones con competencias hídricas:
  • Desarrollar líneas de financiamiento para programas de desarrollo, innovación y nuevas tecnologías tendientes a mejorar la disponibilidad, preservación y uso sustentable de recursos hídricos;
  • Implementar un fondo nacional especial permanente para financiar proyectos concursables de investigación, destinados a combatir el desequilibrio hídrico, fomentar nuevas iniciativas tecnológicas para el combate de la desertificación, la sequía, la generación de nuevas alternativas de fuentes de abastecimiento de agua, así como para la obtención de información relevante en los temas de procesos hidrológicos en la cordillera, acumulación y derretimiento de nieves y glaciares, sistemas de agua subterránea fracturada, recarga de acuíferos y sus características, entre otros[1];
  • Entrega de becas para pre y post grado, en estudios que fomenten el análisis de alternativas eficientes para mejorar la oferta y el uso de los recursos hídricos;
  • Incorporar en las mallas curriculares, desde pre-básicos, información sobre el uso eficiente de los recursos hídricos;
  • Desarrollar campañas comunicacionales de concientización, sobre la racionalización del uso eficiente del agua;

 

V)  Los DDHH al agua y el saneamiento: el mundo del trabajo frente a la cultura de Descartes

 

Tipos de uso del agua

 

  • El agua es un recurso limitado que ofrece múltiples usos, no siempre compatibles entre sí. Existe dos tipos de usos del agua:
  1. Uso extractivo o consuntivo: cuando se extrae el agua de su ciclo natural, para uso:
  • Domestico.
  • Ganadería y agricultura.
  • Industria y minería.
  • Energía térmica.
  1. Uso no extractivo o no consuntivo: cuando no requieren de una extracción natural, como por ejemplo:
  • Necesidades del hombre

Usos productivos (Energía, transporte).

Recreación (natación, pesca, caminatas, etc.).

Aceptación de residuos.

  • Uso ambiental (reservas naturales, etc.).

Conflictos asociados al uso del agua en el actual sistema productivo

Existe diferentes conflictos asociados al agua, que pueden clasificarse de la siguiente forma:

 

  1. Conflictos asociados al uso: es decir cuando la disponibilidad de este recurso no satisface, cuantitativa o cualitativamente, las demandas que generan los diferentes destinos del agua de una cuenca. Por ejemplo, cuando existen conflictos entre diferentes usos como son el riego, abastecimiento de agua potable para la población, generación hidroeléctrica, minería, preservación del recurso para el futuro, entre otros.
  2. Conflictos entre los usuarios: es decir cuando existen conflictos entre los diferentes actores que comparten el recurso hídrico, debido a los intereses disimiles sobre este recurso. En esta categoría encontramos los conflictos entre pueblos originarios, campesinos y por ejemplo, los grupos económicos asociados al mundo de la minería o riego. Por lo general, la débil institucionalidad suele acentuar este conflicto.
  3. Conflictos con actores “no usuarios”: se trata de un conflicto indirecto pero con igual impacto sobre el acceso al agua. Por ejemplo, cuando se realizan intervenciones sobre una cuenca, como la extracción de áridos, deforestación o construcciones, que afectan su capacidad natural para captar, retener, depurar, infiltrar, recargar, transportar y distribuir agua de manera adecuada en términos de cantidad y calidad.
  4. Conflictos intergeneracionales: se refieren a la tensión entre las necesidades y preferencias de las generaciones actuales y la preservación del recurso como derecho de las generaciones futuras, puesto que todo uso del agua tiene repercusiones en el futuro.
  5. Conflictos institucionales: se refieren a las tensiones existentes entre los diferentes actores públicos y privados, cuyos ámbitos de acción inciden en la gestión y el aprovechamiento del agua. A nivel gubernamental, en Chile al menos, existe una falta de coordinación entre las autoridades del agua y las instituciones encargadas de realizar las infraestructuras, cautelar el medio ambiente, el ordenamiento territorial, la planificación, generación de energía o prestación de servicios de agua potable y saneamiento. En el plano privado, este conflicto aparece cuando surgen intereses sectoriales y grupos de presión.

 

Gobernabilidad: única solución para resolver los conflictos asociados al uso del agua

 

Las tensiones asociadas al uso del agua dicen relación con las debilidades que suelen enfrentar muchos países en materia de institucionalidad de los recursos hídricos. Estas debilidades dicen relación con:

  1. La debilidad de los marcos normativos.
  2. La ausencia de institucional capaz de tener una mirada integral y cumplir con su rol de fiscalizador.
  • Insuficiencia de los marcos normativos referentes a los derechos del agua en AL

Respecto a las normas que regulan los recursos hídricos en ALC, estas se caracterizan por inconsistencias, contradicciones y una falta de operatividad que afecta su buen desempeño. Entre las debilidades de los marcos regulatorios, destacan:

  1. Falta de adecuación entre los enfoques tradicionales asociados a la propiedad de la tierra y el dominio de las aguas;
  2. Falta de incorporación de consideraciones ambientales;
  3. Escasa valoración económica del recurso agua;
  4. Ausencia de promoción de objetivos sociales;
  5. Falta de participación en las tomas de decisiones;
  6. Inexistencia de instrumentos de adaptación al cambio climático y de manejo de desastres naturales; y
  7. Falta de enfoques integrales.

 

  • Débil institucionalidad

 

El mayor déficit regional se encuentra en la debilidad de los gobiernos para llevar a la práctica los marcos normativos imperfectos. Lo anterior supone entender que el Estado requiere de una dotación de recursos necesaria para garantizar imparcialidad a la hora de ejercer su rol y ser garante de este derecho para todos, con una visión de sustentabilidad.

Ecofeminismo 

PROTOCOLO DE ACCIÓN DEL PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE

ANTE DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

 

  1. PREÁMBULO

Los cambios que se vislumbran en Chile en materia de violencia de género a nivel legislativo aún están en fase de convertirse en una práctica permanente y consciente, vivida a diario por la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas. Hemos evolucionado culturalmente hacia una protección de los derechos de las mujeres, fruto de una mayor visibilización y denuncia de los altos índices de violencia contra ellas y el nivel de organización que han demostrado las propias mujeres para visibilizar las demandas, la marcha del 8 de marzo del 2019 demuestra una vez más, que el protagonismo de los movimientos feministas organizados y su incansable accionar han encausado la voluntad política para hacer realidad estas normativas, destacamos entre otras:

– Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, publicada el 24 de julio de 2012.

– Ley 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, publicada el 7 de octubre de 2005.

– Ley 20.480, que modifica el Código Penal y la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, publicada el 18 de diciembre de 2010.

– Ley 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual, publicada el 18 de marzo de 2005.

Otro aspecto relevante son los acuerdos y tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos como:

La Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia (CICDI), -La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

– La Convención Interamericana de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (CBDP).

 

A pesar de estos avances reconocemos como Progresistas que aún no hemos erradicado en Chile la discriminación y la violencia contra las mujeres, lo que obedece por un lado a la falta de conocimientos específicos en género y en derechos de la mujer, especialmente de la normativa internacional de derechos humanos en muchos de los actores que participan en el circuito de la prevención, sanción y erradicación de la violencia; y por otro lado, a la falta de recursos para poder investigar y sancionar en forma efectiva la violencia contra la mujer.  Sin perjuicio de los esfuerzos, continúan vigentes los estereotipos culturales impuestos, generando desigualdades en todas las esferas. El análisis de esta situación, que contrasta con nuestros principios y anhelos, es lo que nos convoca a deslastrarnos del sistema patriarcal comenzando por casa y buscar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro partido político. Es tarea fundamental para quienes nos hacemos llamar progresistas y a quienes nos convoca la transformación de la nación, el equilibrio, la armonía, la justicia social, los cambios culturales y políticos entre otros, los que creemos solo son posibles con la participación plena de las mujeres, el ejercicio de la ciudadanía sin obstáculos e inclusiva para todos los seres humanos. Reconocemos que el logro de paridad política en democracia requiere de un abordaje integral, que además del acceso igualitario de mujeres y hombres a posiciones de poder, asegure condiciones libres de discriminación y violencia para el ejercicio de los derechos políticos.

 

2) OBJETIVOS

El propósito de este protocolo es orientar para prevenir, educar, atender, acompañar, sancionar si correspondiera y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito partidario y en la esfera pública y privada de la militancia. Buscamos establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de quienes padezcan violencia de género.

 

Debemos:

1) Erradicar la violencia basada en una cultura machista propia de las relaciones desiguales de poder, asegurando los mecanismos adecuados para crear condiciones libres de discriminación y violencia para el ejercicio de los derechos políticos y el acceso y participación igualitaria de hombres y mujeres a posiciones de poder.

2) Enfrentar las situaciones de violencia de género en sus distintas tipificaciones.

3) Propiciar las condiciones necesarias para la formación, educación y difusión en la materia a nuestros militantes.

4) Generar un diálogo permanente de respeto y compañerismo crítico y constructivo frente al tema de la violencia de género en nuestro partido, teniendo además la visión de experiencias comparadas, con el fin de garantizar el respeto y derecho de participación amplio que debe existir entre nuestra militancia, sean cual sean sus responsabilidades partidistas.

 

Buscamos con esto: Que las mujeres que son o han sido víctimas durante la vigencia del presente protocolo y tengan relación directa o indirecta con el Partido Progresista de Chile cuenten con una red de apoyo en el seno del partido y reciban  la orientación y acompañamiento ante la situación que están enfrentando; que aquel militante que haya sido denunciado por ejercer la violencia de género, sea informado por el órgano partidario competente y una vez investigado y aclarados los hechos, reciba, si corresponde, la formación o las  sanciones  pertinentes de acuerdo a nuestro protocolo; y que aquel militante que haya sido testigo de estas situaciones de violencia contra la mujer, tenga claro que su deber es denunciar estos hechos y no ser cómplice o parte de la impunidad, valorando con esto, la participación social y política por igual para todas y todos sus militantes.

 

3) PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL PROTOCOLO

1) Confidencialidad: el procedimiento y los intervinientes procurarán la confidencialidad y resguardo de los hechos expuestos, así como la protección de la identidad de las personas involucradas en cumplimiento de su deber de prudencia y discreción.

2) Celeridad del proceso: recibida la denuncia respectiva, se deberá evitar la burocracia innecesaria, procurando un procedimiento diligente, que considere plazos acotados, según el reglamento respectivo del Tribunal Supremo.

3) No-revictimización: Evitar que durante la investigación la persona que denuncia deba reiterar innecesariamente el relato del hecho denunciado, evitando un nuevo perjuicio psicológico y moral. A su vez se deberá tratar de forma confidencial y no divulgar innecesariamente la información relacionada con los hechos o el procedimiento en sí mismo.

4) Debido proceso:  el proceso se basa en la presunción de inocencia, asegurando los derechos y garantías de cada persona involucrada de acuerdo a lo estipulado en la normativa aplicable.

5) Perspectiva feminista: en nuestro contexto histórico y cultural los vínculos entre mujeres y hombres son asimétricos y las relaciones entre los géneros, son relaciones de poder. Producto de estas desigualdades las mujeres viven en  condiciones de desventaja frente a los hombres, revelando una inequidad económica, política y social. La violencia de género es la consecuencia de este sistema patriarcal. Esta realidad nos moviliza  a abordar este protocolo desde una perspectiva feminista.

6) El objetivo final es erradicar la violencia de género: El objetivo final es erradicar la violencia de género, mediante la reflexión y educación, individual y colectiva. Sin embargo, si existen situaciones particulares que ameriten sanciones disciplinarias, estas se aplicarán según lo establecido en los estatutos, reglamento del Tribunal Supremo o demás documentos pertinentes.

7) Interseccional: definir correctamente.  Herramienta

8) Enfoque colectivo: Las herramientas establecidas en el presente protocolo pretenden robustecer nuestro colectivo partidario. Tanto las medidas individuales, como las colectivas que se incluyen en nuestro protocolo pretenden mejorar nuestra organización, guiando las relaciones que deben existir entre las y los militantes, promoviendo nuestra unidad interna.

9) Ética progresista: La construcción de una nueva conciencia respecto de la violencia de género, la superación de los prejuicios y estereotipos culturales de género y diversidad sexual, no aplica solamente al comportamiento del o la militante dentro de las actividades partidarias, desempeño de sus cargos o en la esfera política pública, sino que también a su comportamiento en el ámbito privado y su relación con la comunidad. A su vez todo militante debe denunciar las situaciones de violencia de las que sea testigo y colaborar con la investigación.

10) Imparcialidad: El proceso debe fundarse en juicios objetivos, no incurriendo en conductas estigmatizadoras respecto de ningún interviniente, no discriminando por género, orientación sexual, identidad de género, condición social, religión, origen étnico, situación de discapacidad, ideología, militancia, u otras de similar naturaleza.

 

  1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de este protocolo, se considerarán conocidas por todas y todos las y los militantes las siguientes definiciones:

Violencia de género:  Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. La violencia de género incluye las formas de violencia que definiremos más adelante.

Violencia física: Son todas las formas de agresión a las mujeres que van desde los empujones y zamarreos, tirones de pelo, pellizcos, apretones, golpes de puño y patadas hasta los golpes con objetos. La forma más fuerte de agresión física contra una mujer es el femicidio.

Violencia psicológica: el intento de controlar a una mujer mediante amenazas, humillaciones y presión emocional con el propósito de hacerla sentir insegura y sin control sobre su vida y decisiones.

Violencia política de género: está basada en el género y tiene como objetivo anular o menoscabar los derechos políticos de las mujeres. Como por ejemplo, entre otras, las expresiones que denigren a las mujeres y su imagen pública, con base en estereotipos de género. Restricción del uso de la palabra de mujeres, impidiendo el derecho a voz en igualdad de condiciones. Hacer competir a mujeres exclusivamente en espacios con pocas opciones de elegibilidad. Todas estas expresiones de violencia, les recuerdan a las mujeres cuál es su posición, con respecto al orden de género establecido y a la división sexual del trabajo. Machicao Barbery, Ximena (2004). Acoso político: Un tema urgente que enfrentar. Bolivia: Artes Gráficas Editorial “Garza Azul”.

Violencia sexual: es aquella que se manifiesta con agresiones a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad, para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima.

Discriminación: cualquier acto que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. La violencia contra la mujer cae bajo el umbral de la discriminación, cada vez que esté basada en el sexo y por ende también en el género.

Acoso: acción u omisión mantenida en el tiempo, sea este verbal o física, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno de indefensión, intimidatorio, degradante u ofensivo.

Acoso psicológico: práctica ejercida en las relaciones personales, consistente en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente. (rae)

Acoso sexual: acoso que tiene por objeto obtener los favores sexuales de una persona cuando quien lo realiza abusa de su posición de superioridad sobre quién lo sufre. (rae)

 

d.Violación

La violación según el Código Penal tiene la siguiente definición “Violación: Comete violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de catorce años, en alguno de los casos siguientes: 1º Cuando se usa de fuerza o intimidación. 2º Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse. 3º Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima”.

Consentimiento: El consentimiento se entiende como el acuerdo o aceptación de participar en una actividad sexual o en una interacción que, de otro modo, sería constitutiva de acoso sexual o bien otro acto sexual de connotación penal, el cual se manifiesta de manera inequívoca mediante palabras o actos concluyentes por una persona capaz de consentir en ello y que se encuentre actualmente en pleno uso de sus facultades. El consentimiento para un acto o actividad sexual en una situación particular no puede interpretarse como consentimiento para actos sexuales posteriores. Del mismo modo, los actos sexuales previos o la existencia de una relación de pareja, de cualquier índole, tampoco constituyen por sí mismos expresión de consentimiento entre las partes.

c) Acoso sexual: Toda insinuación sexual, requerimientos de carácter sexual, y otros actos visuales, verbales o gestos de carácter sexual, no deseados y no consentidos y que afecten a la dignidad e integridad de quien las recibe. El acoso denominado también de intercambio, ocurre cuando se sugiere explícita o implícitamente que la aceptación o rechazo de esas acciones tendrán incidencia en la toma de decisiones, o bien cuando la conducta tiene el propósito o el efecto de intervenir en el quehacer del afiliado o adherente, y creando un ambiente intimidante u hostil. Por ejemplo, ejercer presión para forzar una actividad sexual, insinuaciones sexuales no deseadas, conductas de exhibicionismo, exposición y voyerismo sexual, comentarios impertinentes relativos al cuerpo humano, comentarios relativos al sexo, y chistes o gestos obscenos.

 

Denunciante: La denuncia puede ser realizada por cualquier militante del Partido Progresista de Chile y personas externas a él, sea la persona directamente afectada o un testigo presencial.

Denunciado: Cualquier militante del Partido Progresista de Chile, que haya incurrido en una acción de violencia de género.

 

  1. PROCEDIMIENTO

 

a) Ámbito de aplicación.

Se aplica ante la ocurrencia de los hechos descritos en el presente protocolo, tanto si ocurren en la vida privada, como en la pública. La denuncia corresponderá a la víctima o por terceros militantes, que sean testigos presenciales. El protocolo rige para todos los militantes del Partido Progresista de Chile.

Equipo Asesor:

Se deberá crear un equipo especial de carácter permanente que tendrá por objeto hacer un informe de la situación que se denuncia.

Este equipo estará integrado por cuatro personas. Su composición tendrá un carácter paritario y sus miembros serán nombrados por el Consejo Federal del Partido Progresista de Chile.

 

Las/os miembros de la Comisión Asesora deberán cumplir los siguientes requisitos:

– Tener experiencia en el ámbito del derecho, psicología y/o salud.

– No tener denuncias pendientes en el Tribunal Regional o Supremo.

– No haber recibido sanciones por parte del Tribunal Regional o Supremo.

– No haber sido condenado/a por algún acto de violencia de género.

 

Los integrantes del Equipo Asesor elegirán a un/a Presidente/a entre sus miembros. Dicho/a Presidente/a tendrá la responsabilidad de hacer cumplir el protocolo, el procedimiento y los plazos contenidos en él. Además, llevará registro de las denuncias recibidas y su seguimiento, con el fin de comunicarle al Tribunal Supremo del partido dentro del primer trimestre de cada año la información recolectada respecto del año anterior. Dicha información será evaluada por el Tribunal Supremo, el Equipo Asesor y la Vicepresidencia de Género con el fin de analizar el estado actual de hechos de violencia de género, en que estén involucrados militantes del partido y discutir las medidas que se deberán adoptar para evitar la ocurrencia de tales situaciones.

Un máximo de dos miembros del equipo deberán participar de las eventuales entrevistas a la denunciante, al denunciado y testigos, respetando en todo momento los principios orientadores del presente Protocolo.

 

b) Denuncias

La denuncia se podrá realizar:

– De manera presencial, mediante una carta privada dirigida al Tribunal Regional, al Tribunal Supremo, o a la Vicepresidencia de Género del Partido Progresista.

– De manera electrónica, mediante un correo electrónico que disponga el Tribunal Supremo ( tribunalsupremo@progresistas.cl) o al correo electrónico de la Vicepresidencia de Género del Partido Progresista de Chile ( colocar mail).

La denuncia siempre deberá realizarse por escrito. Cualquiera de los órganos que reciba la denuncia deberá acusar recibo de la misma en un plazo máximo de 24 horas.

Una vez realizada la denuncia, el órgano correspondiente deberá hacer llegar la denuncia a la Comisión Asesora, con copia al Tribunal Regional del lugar en que se hayan cometido los hechos denunciados, al Tribunal Supremo y a la Vicepresidencia de Género en un plazo no superior a 48 horas, procurando de esa manera que todos los órganos pertinentes estén informados sobre la denuncia y que a su vez los miembros de dichos órganos mantengan la confidencialidad de la información recibida.

La Comisión Asesora, ya sea que hubiese recibido la denuncia en forma presencial o electrónica, deberá acusar recibo de la denuncia en un plazo no superior a 48 horas, y notificar a las partes involucradas del proceso que se inicia.

Recibida la denuncia por la Comisión Asesora, esta se encargará de recoger los antecedentes y la información del caso.

Una vez recogidos todos los antecedentes se deberá elaborar un informe de la situación denunciada. Dicho informe será enviado al Tribunal Regional respectivo y este deberá aplicar las sanciones que correspondan.

 

c) Inhabilidades.

Si existe algún conflicto de interés de algún miembro de la Comisión Asesora, del Tribunal Regional o del Tribunal Supremo en relación al caso denunciado, esta persona deberá inhabilitarse ante la investigación y posible aplicación de sanciones. Los criterios para determinar algún conflicto de interés serán:

– Ser denunciante o denunciado/a

– Relación de parentesco con las personas involucradas

– Relación de subordinación con alguna de las partes.

 

d) Medidas cautelares frente a las denuncias.

Mientras se realiza el proceso de investigación y si una de las partes así lo solicita o incluso de oficio, el Tribunal Regional podrá decretar, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

d.1 Prohibición de acercamiento a la otra parte, ya sea en forma física, a través de mensajería, electrónica o telefónica.

d.2 Suspensión de funciones y cargos que desempeñe el denunciado dentro de partido durante la investigación.

d.3 Suspensión de militancia.

 

e) Plazos de investigación.

Una vez que la Comisión Asesora ha recibido la denuncia, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para recoger antecedentes y elaborar un informe de la situación denunciada. La Comisión Asesora podrá solicitar excepcionalmente al Tribunal Regional una prorroga en el plazo para evacuar el informe, si existiere causa justificada para ello. Durante estos 10 días hábiles la Comisión deberá solicitar toda la documentación que corresponda al caso respectivo y realizar entrevistas a la denunciante, denunciado o testigos, si fuere necesario. A su vez, las partes involucradas deberán ofrecer todas las pruebas que correspondan durante este plazo estipulado.

Una vez recibido por el Tribunal Regional competente el informe de la Comisión Asesora, este tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para decidir sobre la situación. El plazo podrá extenderse por 10 días hábiles más, si es que así lo determinase el Tribunal Regional competente, esta prórroga deberá ser informada a la denunciante, al denunciado y a la Comisión. En caso de que estuviere en curso alguna denuncia ante tribunales ordinarios respecto del mismo hecho, el Tribunal Regional deberá esperar el veredicto para emitir la resolución del caso, sin perjuicio de adoptar las medidas cautelares establecidas en el presente instrumento durante dicho periodo. Una vez tomada la decisión, el Tribunal Regional competente tendrá un plazo máximo de 48 horas para notificar a las partes involucradas.

 

f) Apelación.

La resolución del Tribunal Regional podrá ser apelada ante el Tribunal Supremo. El plazo para la interposición de dicho recurso será de 10 días, interponiéndose ante el tribunal de primera instancia.

 

g) Medidas.

a) Objetivos. Las medidas contempladas en el presente Protocolo tienen por objeto prevenir y erradicar la violencia de género y la discriminación en razón de género. Por ese motivo se coloca especial énfasis en el proceso de formación y reflexión tanto individual, como colectiva.Se considera que la existencia y persistencia de tales situaciones desalientan la participación política y su acceso en condiciones igualitarias. En base a ello, toda medida de intervención deberá prever un proceso de reflexión y formación entorno a la conciencia de género tanto de quienes en forma individual incurren en actos de violencia o discriminación, y también en el plano colectivo en miras de la promoción y la prevención de tales conductas. El Estatuto de Libres del Sur, al referirse a la disciplina interna, pone especial énfasis en la violencia de género, razón por la cual, ante cada caso puntual se evaluará la pertinencia de las sanciones allí previstas. Sin embargo, los objetivos aquí planteados ameritan un abordaje integral de las situaciones, lo cual necesariamente abarca la reflexión y la formación, individual y colectiva, con perspectiva de género y la promoción y prevención de tales conductas también en ambos planos. Todas las medidas adoptadas en el marco de este Protocolo serán proporcionales a la magnitud y gravedad de los hechos. Asimismo, debe tenerse en cuenta el grado de responsabilidad dentro de la organización de aquellas personas que hubieran llevado adelante acciones de violencia y discriminación, al momento de proponer e implementar las medidas de intervención, puesto que, a mayor grado de responsabilidad, se profundiza la asimetría y la relación de poder en tales situaciones.

b) Medidas de Reflexión. Son aquellas que buscan que las personas que hayan realizado actos de violencia de género reflexionen profundamente al respecto, buscando erradicar tales comportamientos y prevenir que los mismos se reproduzcan en el futuro. Se trata de un proceso pedagógico, colectivo, sincero y profundo que requiere total compromiso de la totalidad del movimiento, pero especialmente de aquellas personas que se han visto involucradas en forma directa. Dichas medidas deberán ser evaluadas ante cada caso particular, buscando que las mismas sean lo más efectivas y profundas posible. A modo de orientación, y de modo no taxativo, se contemplan las siguientes: ● Talleres temáticos entre quienes llevaron adelante acciones violentas o bien en el o los frentes en donde las mismas se presentaron. ● Actividades colectivas o individuales de formación en materia de conciencia de género, diversidad sexual y masculinidades. ● Participación activa y militante de las actividades de género de la Regional, como búsqueda de entender y vivenciar de modo activo de la construcción de la política de género. c)​ ​Medidas Disciplinarias. Son aquellas que se encuentran previstas en el Capítulo V del Estatuto de Libres del Sur y                 se fundan en el art. 40 del mismo:

Art. 40 – Cada miembro de Libres del Sur debe observar disciplina en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a este Estatuto. Serán motivo de  sanciones las violaciones del mismo o el no cumplimiento de las resoluciones políticas, el divisionismo, la falta de honestidad o sinceridad, la difusión de calumnias y el maltrato contra otros compañeros/as, la indiscreción, la traición, y todo cuanto dañe la autoridad política y moral del Movimiento ante el pueblo.  Entre las que serán particularmente tenidas en cuenta las que refieran a violencia de género. Art. 41 – Las sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta y la responsabilidad del compañero/a serán:

  1. ​Apercibimiento.
  2. ​Separación transitoria de la responsabilidad que ejerce.
  3. Separación de la responsabilidad que ejerce.
  4. Separación transitoria de la organización.
  5. ​Separación de la organización.
  6. ​Expulsión.

d) Cumplimiento obligatorio​. ​Disconformidad. Todas las medidas adoptadas en el marco del presente Protocolo son de cumplimiento obligatorio para quienes resulten ser sus destinatarios/as. También será una responsabilidad colectiva observar su cumplimiento y hacer saber si ello no ocurre. Nadie podrá ser sometido a las medidas previstas en este Protocolo dos veces por el mismo hecho. Sin embargo, el incumplimiento de alguna medida dará lugar al inicio de nuevo proceso de intervención. En todos los casos en que se apliquen medidas previstas en este Protocolo, resultará de aplicación lo previsto en el art. 43 del Estatuto de Libres del Sur: Art. 43 – El/la compañero/a acusado/a tendrá asegurado su derecho a la defensa y podrá apelar la sanción a toda instancia superior hasta el Congreso Nacional, mientras la cumple.

e) Reiteración de conductas violentas y/o discriminatorias. Aquellos agresores que, tras haber atravesado un conjunto de medidas respecto de las conductas violentas y/o discriminatorias que hubieran llevado a cabo, vuelvan a incurrir en el mismo tipo de conductas, serán abordados con medidas y propuestas de intervención de mayor intensidad y severidad, insistiendo, con mayor énfasis en el proceso reflexivo necesario para erradicar ese accionar

h)Vicepresidencia de Género

La Vicepresidencia de Género una vez que haya sido notificada de la denuncia, deberá tomar contacto con la denunciante, ya sea directamente por la Vicepresidenta de Género u otra militante especialmente designada para dicho efecto, con el fin de acompañarla, especialmente en las diversas instancias del procedimiento, así como orientándola respecto a lugares en los cuales podrá recibir apoyo psicológico y/o legal.

  1. PREVENCIÓN

La Vicepresidencia de Género deberá elaborar campañas para educar y formar la militancia en materia de violencia de género, con el fin de concientizar y evitar episodios de este tipo. Además deberá procurar la formación de los miembros de la Comisión Asesora, de los Tribunales Regionales y del Tribunal Supremo en materia de violencia de género.

DISPOSICIONES TRANISTORIAS

Primera: Si previo a la entrada de vigencia del presente protocolo no se ha efectuado ningún Consejo Federal para designar sus integrantes, la Directiva Nacional designará transitoriamente sus integrantes hasta la realización del próximo Consejo Federal.

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