Si quedaba alguna duda sobre la connivencia y complicidad entre el gobierno y los empresarios transportistas en paro desde hace algunos días, el protocolo de acuerdo entre ambas partes conocido ayer debiera despejarlas por completo.
No solo quedó en evidencia la disparidad en la aplicación de la ley (cárcel y condena pública para “el que baila pasa” durante el estallido; asados y protección policial para el bloqueo de carreteras y el desabastecimiento en tiempos de pandemia), sino que la “movilización” gremial de los transportistas sirvió básicamente para el reforzamiento de la propia agenda represiva del gobierno, hecho que quedaba convenientemente en segundo plano noticioso con el irresponsable llamado a levantar las cuarentena durante tres días en Fiestas Patrias.
Mientras en el Wallmapu se producen violentas golpizas a presos políticos mapuche por parte de Gendarmería, traslados al penal El Manzano en Concepción de presos en huelga de hambre, pasando por alto fallos judiciales previos, y un aumento en los actos de hostigamiento a las redes de apoyo de los presos políticos mapuche, en Santiago el Ministerio del Interior le da el vamos a un acuerdo que asegura el reforzamiento del control aéreo en la Macrozona Sur, el establecimiento de una Prefectura de la PDI para el mismo territorio, la implementación de un programa especial de mantención y reposición de vehículos policiales y la inyección de recursos por un total superior a los 5.600 millones pesos para infraestructura policial.
Junto a esto, el “pliego” de los camioneros logró que desde el Ejecutivo se reforzara una batería de iniciativas legales que potencian el sesgo de autoritarismo institucional y represivo del gobierno, entre ellas la cuestionada Ley de Inteligencia.
Es decir, el gobierno ha sacado las castañas con la mano del gato, aprovechando un conflicto artificialmente creado por un grupo minoritario de empresarios transportistas para reforzar su agenda autoritaria y represiva, logrando incluso, con esta excusa, inyectar recursos económicos a las policías por sobre de las numerosas inversiones realizadas en materia de seguridad interior y armamento antidisturbios a partir del 18 de octubre de 2019.
Frente a esto, como Chile Digno declaramos que:
NO ESTAMOS DISPONIBLES PARA LA AGENDA AUTORITARIA Y REPRESIVA DEL GOBIERNO EN EL CONGRESO.
NO ACEPTAMOS LA MANIPULACIÓN E IRRESPONSABILIDAD MEDIÁTICA QUE BUSCA ESCONDER ESTAS MANIOBRAS.
NO DEJAREMOS PASAR LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL GOBIERNO EN ESTOS HECHOS.