El Partido Progresista de Chile considera política y éticamente imprescindible manifestar lo siguiente:
- Hemos tomado conocimiento de la maniobra en curso del Gobierno y parlamentarios de Chile Vamos destinada a beneficiar con impunidad a violadores de los derechos humanos poniendo discusión inmediata a la tramitación de “ley humanitaria”. La iniciativa permite la conmutación de penas a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena, no excluyendo ningún tipo de delito.
La situación tuvo su origen en la iniciativa legislativa del Ejecutivo para establecer un indulto conmutativo a causa del Covid– 19 para que adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas, entre otros, que están en prisión, cumplan sus penas en sus domicilios. Un grupo de senadores de Chile Vamos decidió entonces acudir al Tribunal Constitucional buscando que se declarara la inconstitucionalidad de la exclusión de parte de la población penal, específicamente, presos por delitos de lesa humanidad. Frente a ello, el Gobierno de Sebastián Piñera decidió reactivar la tramitación de la “ley humanitaria”.
- Los pactos y tratados internacionales que ha suscrito el Estado de Chile en materia de derechos humanos son categóricos en el sentido de que los condenados por delitos de lesa humanidad, agraviantes para la humanidad en su conjunto, no pueden ser acreedores de beneficio penitenciario alguno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en forma reiterada en ese sentido, declarando que son imprescriptibles, no amnistiables y no indultables. En ese sentido, es necesario recordar que el Estado de Chile, ha aceptado la competencia “de pleno derecho” de la Corte y que la Convención Americana de Derechos Humanos obliga a los Estados Parte a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana.
Si la derecha en el Gobierno y el Parlamento insisten en su maniobra de impunidad y ella se consumase, anunciamos que recurriremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para declarar de nulidad absoluta la llamada “ley humanitaria”, basados en la certeza de que las facultades de los órganos co–legislativos chilenos y la facultad de otorgar indultos por el Presidente de la República están restringidas en casos de crímenes contra la humanidad.
- Es necesario agregar que, con esta maniobra, la derecha no solamente se pone en contra de las disposiciones del sistema internacional e interamericano, sino que transgrede la propia Constitución hoy existente, porque los derechos garantizados por la Convención Americana, además, son parte del derecho interno chileno. El artículo 5 de la Constitución, en su inciso segundo, dice: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y fomentar tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.
Es preciso advertir que el artículo 57 Nº 1, inciso quinto, de la Constitución dispone que “las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional”. Por otro lado, la Corte Interamericana advierte que los Estados Partes, en virtud del artículo 2 de la Convención Americana, tienen la obligación de suprimir normas y prácticas de cualquier naturaleza (legislativa, administrativa o judiciales) que entrañen una violación a las garantías previstas en la Convención.
Por otro lado, el artículo 9 de la Constitución Política prohíbe al Presidente de la República indultar a los delitos terroristas (inciso tercero), delitos que en cualquiera de sus formas son por esencia contrarios a los derechos humanos (inciso primero). ¿Si se prohíbe el indulto particular en delitos de terrorismo, cómo pudiera estimarse lícito que se aplicara para un agente del terrorismo del Estado que ha cometido delitos contra la humanidad?
- Nos parece particularmente escandaloso que la derecha pretenda ocupar la coyuntura abierta por la crisis del COVID–19 para lograr su viejo propósito de consagrar la impunidad a los violadores de los derechos humanos.
Ello muestra categóricamente la ausencia total de coherencia ética de la derecha. Por una parte, formulan emplazamientos a condenar toda forma de violencia y, por otra, perseveran en su intento de otorgar impunidad a los ejecutores de los mayores actos de violencia que ha conocido la historia reciente de Chile. Por una parte, llaman a dejar atrás el pasado y, por otra, trabajan en el presente para dejar impunes a los genocidas. Por una parte, ocupan el argumento de los derechos humanos como herramienta política para atacar a países que no comparten sus ideas neoliberales, y por otra muestran, con su vocación por la impunidad en Chile, que en verdad no han dejado atrás su compromiso con la tiranía, la misma que contribuyeron a imponer, a la cual dieron sustento político y cuyos atentados en contra de la dignidad humana permitieron imponer el Chile neoliberal que hasta hoy defienden.
La maniobra por la impunidad promovida por la derecha resulta aún más irritante, cuando se constata los escasos avances registrados en el país en verdad, justicia y reparación.
El Partido Progresista de Chile no abandonará jamás la lucha para que la dignidad se haga costumbre.
PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE