Claudia Segovia Aracena
Oriele Núñez Serrano 

del Frente de Mujeres Tati Allende

En Chile, ninguno de sus textos constitucionales se ha realizado democráticamente con plena participación del pueblo, la creación de las cartas constitucionales del “Chile Republicano” carece de procesos constituyentes democráticos. Todas fueron creadas por la oligarquía chilena protegidos por los militares

En la historia de Chile han existido 10 textos constitucionales:

Constitución de 1811, Promulgada, durante la administración de la Junta de Gobierno. Su vigencia termina con un golpe militar encabezado por José Miguel Carrera que término con la Junta y al Reglamento.

Constitución de 1812, Promulgada bajo el Gobierno de don José Miguel Carrera. Es considerado el primer texto constitucional chileno

Constitución de 1814, Sancionado en el gobierno de Francisco de la Lastra. Termino el  mismo año, con  la Reconquista española. En ella se  crea de cargo de Director Supremo. Su dictación se enmarca en la guerra de Independencia entre españoles y patriotas

Constitución de 1818 Promulgada durante el gobierno de Bernardo O’Higgins. Dejó de regir en 1822, durante la misma administración. Se consagra el principio de soberanía popular que otorga a la Nación la facultad de instalar su gobierno y dictar las leyes que lo han de regir.

Constitución de 1822, Promulgada en el gobierno de Bernardo O’Higgins. Dejó de regir con su renuncia al cargo de Director Supremo. Dispone que el gobierno de Chile tiene carácter representativo, compuesto por tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Consagra  las garantías individuales y declara que todos los chilenos son iguales ante la ley, sin distinción de rango o privilegio. Lo novedoso de esta constitución es la adopción de un sistema bicameral.

Constitución de 1823, Promulgada en el gobierno del Director Supremo Ramón Freire. Suspendida su aplicación en 1824, rigió formalmente hasta 1825, cuando fue declarada insubsistente.

Constitución de 1828, Promulgada en el gobierno de Francisco Antonio Pinto. Su vigencia se extendió hasta 1833. Es el primer texto que utiliza el título de “Constitución Política de la República de Chile”. Consagra derechos imprescriptibles e inviolables, como, la libertad, la propiedad, el derecho de petición, el de opinión. Asimismo, consagra el principio de la división de los poderes.

Constitución de 1833, Jurada y promulgada bajo el gobierno de José Joaquín Prieto. Los autores principales fueron los abogados Manuel José Gandarillas, liberal, y Mariano Egaña, conservador. Reformada en varias oportunidades, a partir de 1865, rigió hasta el golpe de Estado de 11 de septiembre de 1924. Esta Constitución es considerada como la de mayor duración en la historia política de Chile, rigiendo casi ininterrumpidamente por noventa y un años.

Constitución de 1925 Promulgada por el Presidente Arturo Alessandri Palma, es sometida a plebiscito el 30 de agosto del mismo año. Pone término al sistema parlamentario estableciendo un régimen presidencialista. A partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, queda subordinada al poder militar.

Constitución de 1980. Promulgada el 21 de octubre de 1980 y publicada tres días más tarde, durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet. Establece un modelo de “Democracia protegida” La misma que utilizo el Presidente Gabriel González Videla, llamada “La ley maldita, que declaró ilegal el PC y  que restringe gravemente las libertades garantizadas  de las personas, La existencia de senadores designados y vitalicios, la facultad el Presidente de la República para disolver por una vez la Cámara de Diputados crea el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA y el Estado subsidiario para imponer el sistema Económico Capitalista-Neoliberal.

La actual Constitución es la más antidemocrática, toda vez que desde su creación  y su forma de ratificación, fue impuesta a costa de la vida y la sangre de todo un pueblo, careciendo de todo principio participativo, democrático y humano.

Los pequeños avances sociales logrados por las constituciones anteriores fueron eliminados por la Constitución de Pinochet, enmarcados en las llamadas “modernizaciones de Pinochet” que esta constitución impuso.

Los principales pilares que sostienen este modelo son: Privatización de los Sistema de pensiones, Desnacionalización del cobre, Privatización de recursos naturales, como el agua y el litio por nombrar algunos, Legítima el lucro en salud y educación, etc. El Estado subsidiario consagrado en nuestra constitución no garantiza los derechos sociales.

Esta Constitución pinochetista de 1980 tiene un origen ilegítimo, fue creada por un pequeño grupo de juristas y políticos de extrema derecha que trabajó secretamente, durante casi siete años, “aprobada” en un plebiscito totalmente fraudulento, como mecanismo de prolongación de la dictadura y su modelo económico-social capitalista neoliberal. Bajo el eslogan de falsa prosperidad, la concertación perfecciona este modelo, condenándonos por generaciones a ser víctimas del saqueo, la violencia, la desigualdad y el abuso desmedido de una minoría que nos impone sus privilegios en una especie de “Esclavitud moderna”.

Esta Constitución pinochetista empobrece el alma, empobrece el bolsillo y lo que es más grave, no nos deja proyectar nuestro futuro.

El 18 de octubre del año 2019 quedará marcado como el día de la dignidad por la rebeldía porfiada de estudiantes secundarios, siendo la gota que rebalsa años de rabia, de injusticias acumuladas, de impunidad y corrupción.

Con la actual situación que atraviesa nuestro país, queda en evidencia un sistema político que tiene la obligación  de escuchar la voluntad legitima de la fuerza constituyente conformada por mujeres, hombres, jóvenes, pobladores/as, trabajadores/as, profesionales, estudiantes que de forma organizada luchan contra las bases del modelo económico y político actual, exigiendo un primer pacto social en nuestro país, ya que nunca lo ha habido,  el que solo será posible legitimar con una Asamblea Constituyente.

La calle logra que el actual gobierno acceda a una nueva constitución, proponiendo un “congreso constituyente”. Quieren hacerlo nuevamente a espaldas del pueblo chileno, entre cuatro paredes, en la cocina del congreso, sin la legitimidad del pueblo.

Incluir al Congreso en esta tarea resta toda credibilidad, pues se trata de un Parlamento que no cuenta con la confianza y valoración ciudadana, ya que han pasado 30 años y se han agudizado las desigualdades y los abusos.

En la coyuntura actual y al alero del gran estallido social producto del descontento popular, la ciudadanía es la que debe resolver el mecanismo para el cambio de constitución y no un Congreso cuya valoración esta por el suelo, que se auto otorga el papel de poder constituyente exclusivo.  Por lo demás, con el actual escenario de sufragio es evidente que en el congreso no se encuentra la mayor representación del pueblo.

El último estudio realizado por la OCDE sobre la participación ciudadana en lo electoral, señala que siendo una de las democracias más estables del continente, Chile destaca por un bajo nivel de participación ciudadana y por la baja confianza de sus ciudadanos en las instituciones públicas. Para reforzar la democracia chilena, se necesita avanzar en dirección a un gobierno abierto, definido por la OCDE como aquellos gobiernos con una cultura de gobernanza centrada en el ciudadano.

En las últimas elecciones presidenciales, menos de la mitad de los chilenos votó, alcanzando la participación electoral solo un 46% del padrón.

De un total de 14.347.288 chilenos habilitados para sufragar en las elecciones presidenciales, alrededor de 6.650.000 ejercieron su derecho a voto.

Y donde todos los peores pronósticos quedaron cortos, fue para las elecciones municipales de 2016, donde apenas el 34% de los electores ejerció su derecho a voto. Así, de un padrón de 14,1 millones de personas, sólo votaron un tercio de los habilitados.

Por tanto el congreso como parte de un proceso constituyente, no puede ser considerado representativo de todo un país en la creación de una nueva constitución, aun cuando sea compartida con el poder constituyente del pueblo, como es el caso de la asamblea constituyente mixta, la opción de su participación en el mecanismo de crear una nueva constitución es descartada rotundamente.

Asamblea constituyente

El mecanismo de elaboración de la Nueva Constitución debe ser una Asamblea Constituyente, no cabe pensar en mecanismos alternativos, éste es el mecanismo más democrático y participativo que asegura su validez.

La necesidad que el país tiene de una nueva constitución es tan urgente como la necesidad de restablecer o componer los lazos entre el pueblo y sus instituciones

Por esto la Asamblea Constituyente como mecanismo de elaboración, dotaría este proceso de legitimidad social indiscutible al incorporar la participación ciudadana.

La asamblea constituyente es la única manera democrática de terminar con la constitución impuesta por la dictadura de Pinochet y de resolver sobre qué queremos para una nueva constitución.

La asamblea constituyente debe ser de carácter legítima y aceptada por la mayoría de la población chilena, reconocida por los poderes legislativos y por el presidente electo y las instituciones que componen nuestro ordenamiento además del reconocimiento internacional.

El reconocimiento de la asamblea constituyente como legítima y representativa a las demandas del pueblo otorga la validación de la ya nombrada una constitución democrática.

¿Porque los progresistas estamos a favor de la Asamblea Constituyente?

Como progresistas en los programas de gobierno de las elecciones 2009 -2013-2017 hemos empujado La Asamblea Constituyente. Esta es un medio y a la vez un fin, porque representa una manera de hacer política, en la ciudad, en la calle y junto a nuestro pueblo. Ella representa una nueva casa para Chile.

Una Asamblea constituyente es un congreso paralelo, que debe ser elegido con un mandato claro y definido, en donde sus representantes deben ser escogidos por el mismo pueblo, que tendrán la misión de discutir y votar el texto de una nueva constitución.

El mecanismo es tan importante como el resultado final. Si no son las y los chilenos los que acuerdan su nueva Constitución, no tendrá legitimidad el proceso y menos el resultado.

La nueva constitución es la puerta y la Asamblea Constituyente es el camino.