Teniendo en consideración que el próximo mes se cumplirán dos años desde que el actual gobierno enviara al Poder Legislativo, el Proyecto que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, a saber: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación (boletín Nº 9895-11), los abajo firmantes declaramos lo siguiente:
- La aprobación de este proyecto es un imperativo ético por parte de los miembros de los partidos oficialistas, no sólo porque constituye una promesa de campaña expresamente consignada y comunicada a la ciudadanía en la página 169 del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, sino también porque existen las mayorías legislativas necesarias para convertir este proyecto en ley de la república.
- Estimamos que ha existido una dilación excesiva en la tramitación del proyecto, por lo que habiéndose escuchado a innumerables personas en sede legislativa -desde representantes de organizaciones de la sociedad civil, hasta expertos en medicina y derecho penal, constitucional e internacional, entre otros- estimamos que ha llegado el momento para que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado despache sin más trámite -dentro del presente año legislativo- el proyecto en discusión, de manera que en la sala de la Cámara Alta, cada senador se pronuncie fundadamente y emita el correspondiente voto.
- En razón de lo anterior, rechazamos categóricamente declaraciones que apuntan a solicitar al gobierno más tiempo para discernir -como lo han señalado, entre otros, el senador Hernán Larraín, el cardenal Ezzati y facciones del partido demócrata cristiano- pues estimamos que a estas alturas de la discusión, es deber de todo senador tener una convicción clara sobre cada una de las causales en cuestión.
- Rechazamos, asimismo, toda declaración que sugiera que la discusión acerca de las 3 causales esconde “perversos objetivos” vinculados a la legalización del aborto a todo evento. Ante aquello, afirmamos que esta “presunción de mala fe” es solo un intento por desviar el debate y no hacerse cargo de las dramáticas situaciones que plantea el proyecto de ley mencionado, y constituye adicionalmente, un falta de respeto para todas las mujeres que han debido sobrellevar a la fuerza, embarazos que se enmarcan en las causales sometidas a debate.
Una sociedad verdaderamente democrática tiene el deber de discutir sobre este y otros asuntos de gran interés público, pero aquello no puede significar que la discusión se extienda indefinidamente, por lo que llamamos al gobierno a dar la urgencia necesaria a este proyecto de ley.
*Socializada en el contexto del lanzamiento libro “Mi Testimonio. Aborto, Estado e Hipocresía en Chile”, de Karen Espíndola