Sra. Michelle Bachelet Jeria Presidenta de la República
PRESENTE.
Estimada Presidenta.
Durante los últimos meses el Congreso Nacional ha aprobado cuatro proyectos de ley que más adelante individualizamos, los que si bien es cierto tiene aspectos positivos que van en la dirección correcta y constituyen avances para nuestra democracia, como los relativos al límite al gasto electoral, la prohibición a las empresas para que hagan aportes en dinero a candidatos y partidos, la mayor regulación de las campañas, el establecimiento de delitos y sanciones a los infractores, el fortalecimiento del SERVEL, etc. se han incorporado en ellos otras normas que son contrarias al pluralismo político y que refuerzas las distorsiones del sistema, fortaleciendo y perpetuando a las entidades responsables de la crisis, ya que impiden la sana y necesaria competencia política dificultando el nacimiento y la existencia de nuevos partidos.
Bajo una apariencia de modernización, de fortalecimiento de su carácter público y de mayor transparencia, los partidos tradicionales en el Congreso, en vez de dar una demostración de pluralismo y democracia, de apertura y nuevas oportunidades, más bien están construyendo barreras para no tener competencia y mantener sus cuotas de poder a cualquier precio, incluso a costa de la democracia representativa.
En efecto, resulta completamente contradictorio que los mismos proyectos que se presentan como un avance de la democracia, establezcan discriminaciones y limitaciones severas hacia los movimientos y personas que tengan la pretensión de formar nuevos partidos, a los nuevos partidos recién formados o en proceso de formación, que les cambian las reglas y les complican la subsistencia, y también a los partidos ya formados que no tienen representación parlamentaria, a los que les discriminan abiertamente aplicándoles una verdadera “capitis diminutio”.
Nos permitimos recordar que a raíz de una serie de hechos que se divulgaron por medios de comunicación social y que dieron cuenta de reprochables conductas de parlamentarios y funcionarios públicos o de personas cercanas a ellos, relacionados con la recepción irregular de dinero y su uso en la política y que no es del caso recordar acá, usted el día 10 de marzo del año pasado nominó el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés el Tráfico de Influencias y la Corrupción, (conocido como Comisión Engel) cuyo objetivo era como se señaló durante su creación: “proponer un nuevo marco normativo, que permita el cumplimiento efectivo de los principios éticos, de integridad y transparencia, en sus aspectos legales y administrativos para lograr el eficaz control del tráfico de influencias, prevención de la corrupción y de los conflictos de interés en los ámbitos de los negocios, la política y el servicio público, así como en la relación entre éstos.”
Luego de meses de trabajo este Consejo entregó un amplio informe con múltiples propuestas que apuntaban a la Prevención de la Corrupción, Regulación de Conflictos de Interés, Financiamiento de la Política para Fortalecer la Democracia, Confianza en los Mercados, e Integridad, Ética y Derechos Ciudadanos.
Posteriormente S.E. envió varios proyectos de ley sobre estas materias al Congreso Nacional. También hubo algunas mociones parlamentarias.
Los proyectos a los que nos referimos precedentemente ya aprobados por el Congreso, y próximos a publicarse y hacerse obligatorios son:
1.- Boletín 10154-07, nombrado como proyecto de ley que “fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización”. Fue completada su aprobación en el Congreso Nacional el día 28 de enero último.
2.- Boletín 9790-07, nombrado como proyecto de ley “sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia”. Fue completada su aprobación en el Congreso Nacional el día 28 de enero último.
3.- Boletín 9924-07, denominado como proyecto de ley que “Modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades y sobre Gobierno y Administración Regional, para permitir a los partidos políticos la presentación de candidaturas solo en las regiones donde se encuentren legalmente constituidos.” Fue completada su aprobación en el Congreso Nacional el día 8 de marzo último.
4.- Boletín N°10185-06, denominado proyecto de ley, “que modifica cuerpos legales que indica para permitir la inscripción de pactos electorales, diversos en elecciones municipales”. Fue aprobado por el Congreso Nacional el día 24 de marzo último.
Pues bien, el primero de ellos (Boletín 10154-07 “fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización”.), hace exactamente lo contrario de lo que afirma su nombre, ya que restablece las exigencias y las barreras que existían en la ley dictada por la Junta Militar en plena Dictadura y se obstaculiza que nuevas fuerzas políticas, grupos de independientes o movimientos sociales puedan competir en igualdad de condiciones con los actuales partidos.
Elimina los partidos regionales. Ahora solo se puede constituir un partido con un mínimo de 3 regiones contiguas. Esto es muy significativo. Apuestan derechamente por el centralismo, ya que ahogan a los nuevos partidos que estaban naciendo en la Araucanía, Atacama, Magallanes, O’Higgins, Arica, Coihaique y otras regiones, donde la realidad geográfica, social, cultural y económica entre una y otra región normalmente es muy distinta y no resulta cómodo, fácil y realista aglutinar regiones. Impidiendo con ello algún grado de trasferencia de poder desde el centro a las regiones.
Además, aumentan las cantidades de afiliados para formar un nuevo partido en las regiones menos pobladas.
Por otra parte, si bien mantienen la exigencia de que los nuevos afiliados de los nuevos partidos firmen ante Notario, en otro de los proyectos de ley facilitan a los partidos tradicionales el refichaje de los suyos sin firma ante Notario.
Para aquellos partidos que logran aglutinar regiones, cumplir con las firmas y demás trámites y que pueden llevar candidatos, les reponen la exigencia de obtener un mínimo del 5% de los votos en las elecciones parlamentarias o 4 parlamentarios elegidos en al menos dos regiones distintas. Este requisito que existía hasta el año 2015, ningún partido ajeno a la Nueva Mayoría (antes Concertación) o a la Derecha (Alianza o Coalición), lo pudo cumplir desde 1989. Ni el PC, que solo lo logró cuando se alió con la Concertación.
El segundo proyecto aludido (9790-07 “sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia”.), discrimina abiertamente a los partidos nuevos y a los que no tienen representación parlamentaria.
Desde ya es discutible que el Congreso se auto asignen para sus partidos más de 6.000 millones de pesos anualmente (y con efecto retroactivo, ya que lo hace aplicable desde antes de la publicación de la ley) en circunstancias que se le exigen ajustes al sector público para enfrentar una delicada situación fiscal. Pero es derechamente injusto que la asignación se haga en forma discriminatoria, ya que los recursos se asignan en un 80% a los partidos que tiene representación parlamentaria, o sea, 8 de cada 10 pesos van para ellos y los otros 2 pesos también van para ellos conjuntamente con los partidos que no tienen representación parlamentaria. Como si el Parlamento hubiese sido elegido de manera democrática y proporcional. Se olvida que hubo fuerzas políticas que no eligieron parlamentarios por los efectos del sistema binominal, incluso hubo un caso de quien sacó la primera mayoría individual y no resultó electa (Marisela Santibáñez, Partido Progresista distrito 30).
Partidos con cantidades similares de militantes reciben aportes de más de 10 veces de diferencia. Obvio a favor de los que están legislando.
El tercer proyecto, (Boletín 9924-07 “Modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades y sobre Gobierno…”) , que corresponde a una moción parlamentaria presentada por diputados dirigentes de los partidos con mayor representación parlamentaria y que se aprobó rápida y silenciosamente hace algunos días. Se le impuso otra restricción a la competencia política al prohibir que partidos constituidos en algunas regiones del país que se alían y pactan electoralmente con partidos constituidos en todo Chile puedan llevar candidatos al amparo del pacto en todo el territorio nacional, restringiéndoles los candidatos sólo a las regiones donde están ya constituidos. Una protección más para los partidos tradicionales que se dan ellos mismos. Una barrera más para los partidos nuevos, partidos regionales y partidos en formación.
El cuarto proyecto (Boletín 10185-06, denominado proyecto de ley, “que modifica cuerpos legales que indica para permitir la inscripción de pactos electorales, diversos en elecciones municipales”) corresponde a una moción parlamentaria, a la que S. E. puso urgencia, que lisa y llanamente adecúa la ley de primarias para resolver las complejidades que han enfrentado los pactos que tiene representación parlamentaria. Y les hace una ley a su medida, para que puedan armar sus listas a su conveniencia en las próximas primarias de alcaldes y concejales.
Presidenta, hay quienes sostienen que la legislación debe promover que existan pocos partidos y fuertes y que la proliferación de estos puede complicar los grandes acuerdos, la gobernabilidad, etc. o que no es bueno que hayan partidos regionales ya que debilitan el carácter unitario del Estado de Chile, etc.. argumentos que se dan en la ciencia política, pero que obviamente no compartimos y que por lo demás fueron sostenidos por los arquitectos del sistema político que instauró la dictadura con la Constitución de 1980 y que hoy son coincidentes con los que aprobaron estos proyectos. Pero dichos argumentos pueden sostenerse en una situación de normalidad que hoy no existe, pues los partidos políticos que están en el Congreso son responsables de la crisis y no gozan de un gran apoyo ciudadano, más bien tiene un débil respaldo, y los legisladores que los representan fueron elegidos al amparo de un sistema electoral injusto, antidemocrático que su gobierno durante el año 2015, eliminó y sustituyó. Por eso que no le es legítimo legislar en el sentido que aquí denunciamos.
La situación que describimos más bien da cuenta de una conducta antidemocrática, de un aprovechamiento político indebido donde sirviéndose de las propuestas de la “Comisión Engel” y de la necesidad de legislar se aprueban algunas de sus buenas propuestas, pero subrepticiamente se le incorporan “de contrabando” otras normas que impiden la competencia y que “cartelizan” el sistema.
Presidenta, es deber de quien conduce los destinos del país, promover la democracia, garantizar la participación y la igualdad en las reglas del juego político entre los partidos existentes y los nuevos movimientos, para que la ciudadanía se exprese y ejerza su soberanía. Aspectos importantes de los proyectos aludidos en esta carta transitan por un camino distinto, contrario a los principios que la inspiraron al nombrar “Comisión Engel”, y más bien representan antiguas prácticas antidemocráticas, que usted debe enmendar.
Le saludan atte.
Patricia Morales Errázuriz
Presidenta Partido Progresista
Elson Bórquez Yáñez
Presidente Partido Democracia Regional
Jaime Mulet Martínez
Presidente Partido Frente Regional y Popular