A raíz de la gigantesca avalancha de basura y posterior incendio en el Relleno Sanitario Santa Marta en enero 2016, que inundó con un humo pestilente y tóxico a varias comunas de la RM, nuevamente millones de habitantes fueron víctimas de un desastre ambiental provocado por empresarios inescrupulosos, al amparo de una institucionalidad ambiental que no consagra el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Los progresistas rechazamos y encontramos muy graves las declaraciones de autoridades de gobierno, las cuales trataron de bajarle el perfil a este desastre, como por ejemplo las del Intendente Claudio Orrego, que sin tener elementos técnicos de juicio aseguraba que el humo del incendio no era tóxico. El presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile tuvo que salir al paso de este tipo de declaraciones, señalando claramente que “la exposición no da síntomas, pero deja marcas irreversibles, afecta neurotransmisores, deja secuelas para el resto de la vida, produce enfermedades para el futuro como el cáncer, las dioxinas producen que los niños van a tener más infecciones, problemas intestinales, daños neuroconductuales, daños de inteligencia y memoria, y basta con un día de exposición”. Este relleno sanitario controlado por el Consorcio Santa Marta empezó a operar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) positiva número 433/2001.
Desde su inicio hasta la fecha Santa Marta acumula trece RCA, es decir, trece cambios al proyecto original. Con la RCA del 2001 se autorizó un máximo de basura domiciliaria mensual de 60 mil toneladas con 20 años de operación, y con la RCA del 2012 se autorizó un máximo de 176.800 toneladas y extender en 13 años más (hasta el año 2035) su operación, lo que le reportará ingresos por cerca de US$ 600 millones.
El permiso con el que las autoridades extendieron el negocio de Santa Marta se aprobó en 2012 sin que hubiera de por medio un proceso de participación ciudadana. Y ello, porque la evaluación ambiental se hizo sobre una “declaración de impacto ambiental” (DIA) y no de un “estudio de impacto ambiental” (EIA), que sí exige el pronunciamiento de la comunidad. Pocos años después de dicha autorización plagada de irregularidades, podemos constatar un desastre ambiental con insospechadas consecuencias negativas para la salud de miles o millones de personas.
Los progresistas trabajaremos por el fortalecimiento del Ministerio de Medio Ambiente, el cual deberá tener poder real de decisión. Este Ministerio elaborará una Política Ambiental con ejes estratégicos claramente definidos, donde al menos serán relevados aquéllos que ya hemos establecido en este documento. Las decisiones importantes recaerán en el propio Ministerio y no en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde ministerios como Hacienda, Economía, Energía, Minería, Obras Públicas o Vivienda y Urbanismo, siempre hacen prevalecer sus propios intereses sectoriales por sobre los socio -ambientales. Esta situación será revertida en nuestro Gobierno, donde el Ministro de Medio Ambiente tendrá al menos la misma jerarquía que los ministros de las otras carteras antes mencionadas.
La irregularidades en torno al funcionamiento del relleno sanitario Santa Marta demuestran que es fundamental la reestructuración del Sistema de Evaluación Ambiental, el cual considerará distintas alternativas de emplazamiento del proyecto, analizando debidamente los planes de ordenamiento territorial de la escala pertinente, realizados con la correspondiente participación ciudadana y sometidos a evaluación ambiental estratégica. Por otra parte, si el proyecto en cuestión requiere de Estudio de Impacto, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) licitará el estudio pertinente. La empresa interesada pagará el estudio a través del SEA (mediante la inscripción del proyecto en el sistema) y no tendrá contacto directo con la consultora que se haya adjudicado el contrato. Cualquier requerimiento de la consultora a la empresa (aclaraciones, información) se realizará a través del SEA. Un Comité Técnico, conformado por los servicios públicos pertinentes y al menos dos instituciones técnicas de investigación independientes (sin conflictos de interés con el proyecto en cuestión), revisará el EIA. La resolución respectiva deberá recaer en un comité ad hoc, el Comité de Interés Público Ambiental (CIPA), donde esté representado el interés de las instituciones públicas y de los ciudadanos.