Considerando los últimos acontecimientos conocidos por la ciudadanía, relativos al esclarecimiento de responsabilidad de militares en retiro en el ataque brutal a Carmen Gloria Quintana Y Rodrigo Rojas De Negri, conocido como “Caso Quemados” sucedido durante la dictadura militar que sufrió nuestro país entre los años 1973 y 1989, nuestra Defensoría Ciudadana emite el siguiente comunicado:
1. Resulta indignante para quienes creemos en el íntegro respeto de los Derechos Humanos que después de casi 25 años de regreso a la democracia en nuestro país sigan libres, sin enjuiciamiento ni declaración de responsabilidad penal por delitos de lesa humanidad, gran número de militares en retiro que fueron piezas claves en la estructura de persecución y asesinato de miles de chilenos y chilenas durante la dictadura. Alcanzar la paz social implica avanzar en justicia, fortaleciendo nuestra democracia y recuperando la confianza en las y los ciudadanos.
2. Que la investigación, la persecución penal y la correspondiente condena de actos constitutivos de delito de lesa humanidad es una obligación fundamental y básica de un Estado democrático, exigida por diversos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos. Esta labor estatal conlleva dar vida al deber de reparación hacia las víctimas directas de la dictadura militar que nuestro país sufrió, así como también a los familiares de aquellas. Ha quedado de manifiesto que esta función esencial no ha sido cumplida cabalmente por las instituciones del Estado.
3. Que debemos resaltar que, en gran parte, el incumplimiento al deber de reparación por parte del Estado y a su obligación de buscar la verdad respecto de las horrorosas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura se fundan en actos de complicidad y encubrimiento de actores políticos, autoridades durante el gobierno de facto de Pinochet y también durante los gobiernos de la Concertación y la Alianza por Chile, quienes transigieron con la clase militar el concepto de justicia a cambio de estabilidad y una mínima gobernabilidad que permitiera al país salir del gobierno castrense de Pinochet. Como progresistas no podemos sino condenar enérgicamente estos actos de ocultamiento de información relevante para los procesos judiciales sobre Derechos Humanos y compartir la desazón y decepción que nuestra sociedad siente en este momento. Lamentamos profundamente que en nuestro país, la Concertación y la Derecha hayan privilegiado la justicia “en la medida de lo posible” antes que la justicia “en todo caso y a todo evento”.
Si algo se puede rescatar en este momento es que se ha abierto una ventana para que se inicie un proceso de investigación que condene y aplique las penas proporcionales al delito cometido a decenas de militares que participaron activamente en actos que violaron de manera flagrante la dignidad y derechos de miles de chilenos. La historia ha avanzado, nuestra democracia se ha fortalecido, es el momento que nuestro Estado y las autoridades gubernamentales promuevan todas aquellas condiciones necesarias para obtener toda la justicia que sea necesaria.
Como progresistas reafirmamos nuestro compromiso y exigencia de verdad, justicia y reparación.