El día 2 de julio, el gobierno de Bachelet dio urgencia a la tramitación del proyecto de ley que busca la extensión del DL 701, el cual tiene como objetivo subsidiar las plantaciones forestales del país.
Actividad a cargo principalmente de dos de los más poderosos grupos económicos del país: Matte y Angelini (que representan el 80% aproximado de la producción forestal del país). Es así como el día 14 de julio, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó la extensión del decreto de ley 701 con el argumento de “impulsar el desarrollo del sector forestal”, amparándose en las “externalidades positivas” que dicho instrumento generaría para los territorios nacionales.
Como progresistas creemos que esta maniobra política va en contra de todo proceso de desarrollo justo y equitativo para el país, contradiciendo el propio eslogan del gobierno el cual busca combatir la desigualdad presente. Es necesario recordar que el DL 701 fue un subsidio creado en dictadura, con el objetivo de promover la inversión forestal privada, sin importar los efectos que dichas inversiones pudiesen tener en los territorios afectados.
Actualmente, el sector forestal es una industria madura que no justifica, después de 40 años de ayuda fiscal, continuar con financiamiento público y de todos los chilenos. Sólo las bonificaciones a la forestación y al manejo de las plantaciones generará un gasto fiscal de $35.063 millones por el periodo de vigencia, sin considerar los ingresos monetarios que dejará de percibir el Estado de Chile por concepto de la exención de impuesto territorial. Esto no es otra cosa, que un subsidio cruzado del Estado, no al pequeño productor, sino a los dos más grandes grupos económicos del país, una verdadera vergüenza.
Las “externalidades positivas”, palabras empleadas por el proyecto de ley de la presidencia, que no hacen sino confirmar la visión de mercado arraigada en este gobierno, son vergonzosas respecto al real impacto que tiene esta industria (segundo sector exportador) en las variables sociales y ambientales de las comunas donde se desarrolla. Las comunas (Galvarino, Lumaco, Purén, Los Sauces, Ercilla, Carahue, Toltén y Traiguén en la región de la Araucania y Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Nicolás y Trehuaco en la región del Bío Bío, estas últimas declaradas recientemente zonas de rezago), donde se emplazan las plantaciones de monocultivos siguen presentando importantes cifras de pobreza y ausencia de polos de desarrollo significativos de la actividad. A su vez, la industria forestal no ha fomentado oportunidades laborales pertinentes a las características territoriales, generando un preocupante aumento de las cifras de emigración de la población asentada en dichos territorios. Son numerosos los estudios que muestran como la expansión de la frontera forestal, subsidiada mediante el DL 701, ha ido destruyendo la pequeña y mediana agricultura local. Destruyendo tejidos sociales e históricos profundos en muchas comunidades. La crisis que vive nuestro país con el pueblo mapuche, tiene por cierto, una raíz fundamental en este problema.
Los efectos de la actividad forestal, subsidiada por el Estado, son de amplio espectro y alta magnitud. Entre ellos se pueden mencionar: disminución de la provisión y calidad de agua en cuencas dominadas por plantaciones forestales; aumento de ocurrencia de incendios
forestales; homogeneización del paisaje y pérdida de biodiversidad; sustitución y fragmentación de bosques nativos de relevancia global para el sostenimiento de la biodiversidad; y, aumento de invasiones de especies exóticas. Junto a esto, cabe mencionar la ausencia de un real y serio trabajo con los pueblos indígenas (consentimiento previo e informado según OIT, convenio 169) que han visto el avance agresivo de las plantaciones forestales en tierras que históricamente han sido cubiertas por vastas extensiones de bosque nativo y cultura ancestral.
Recientemente el país ha vivido importantes eventos incendiarios en diferentes zonas del país, miles de hectáreas de bosque nativo han sido arrasadas, produciendo un daño ecológico impresionante. En este sentido el decreto de ley 701 juega un importante rol al beneficiar con subsidios el reemplazo de especies nativas que fueron consumidas por estos incendios, con especies exóticas como pino y eucalipto. A esto se suma la débil ley de bosque nativo, la cual permite que un bosque al ser destruido por un incendio pierda la condición de protección y conservación que le da la Ley. La naturaleza y las comunidades aledañas pierden un derecho, y las empresas forestales ganan una oportunidad. Es aquí donde nuevamente el estado, por medio de sus vacíos legales, ha permitido el crecimiento económico de los grupos de empresarios que a partir de un evento de desastre generan altas rentabilidades económicas particulares y a través de subsidios estatales.
El proyecto de ley de extensión del DL 701, actualmente se encuentra en la comisión de Hacienda de la cámara, para posteriormente ser votado en sala. Esperamos que los argumentos y estudios esgrimidos durante mucho tiempo y por diferentes grupos sociales-académicos-políticos y técnicos, finalmente sean escuchados por el ejecutivo, derogando de una vez un decreto que fomenta las desigualdades de nuestros territorios y no resguarda la cultura local, entregando los recursos de todo un país a pequeños grandes grupos de poder económico.
Por medio de estas acciones es que el gobierno manifiesta que el verdadero motivo del freno a las reformas largamente esperadas por la mayoría de los chilenos, obedece principalmente a presiones de los grupos económicos más que a una falta de recursos para su ejecución, y es en este escenario donde los PROgresistas de Chile tenemos la obligación de alertar al país de estas acciones que desprestigian aún más la ya pobre situación del Gobierno.
Partido Progresista 20 de julio 2015