La misión de un país no limita en sus fronteras sino en sus aspiraciones

Los siguientes firmantes, declaramos que la crisis de confianza que viene afectando desde hace años a gran parte de las instituciones de Chile, ha producido un severo y preocupante debilitamiento institucional, lo cual se traduce en un quiebre del pacto social entre representados y representantes. Estamos frente a una mutación y crisis de sociedad, en donde están en duda las formas de convivencia, en Chile y en el mundo.

Nuestras instituciones políticas cumplieron un importante y en muchos ámbitos, exitoso ciclo histórico. Este sin duda permitió avanzar en el difícil periodo de la transición, de manera de consolidar la tan anhelada, aunque custodiada, democracia. No obstante, desde hace más de diez años los chilenos reclaman no sólo por mayor participación y representatividad en la toma de decisiones, sino por mayor transparencia y apertura de parte de las instituciones públicas y políticas. A lo anterior se sumó la urgencia de replantear el rol del Estado en materia de educación, salud y sistema previsional. A pesar de las reformas que los gobiernos de la Concertación hicieron en estas materias, se ha mantenido intacta la estructura diseñada por la Constitución del 80. En otras palabras, en Chile, ni la educación, ni la salud ni las pensiones son considerados derechos fundamentales que debe garantizar el Estado en, al menos, tres niveles: acceso, equidad y calidad.

La institucionalidad actual cumplió un ciclo. Lo anterior no significa que se empiece de cero, pero sí que se produzca un hito político e histórico, en el cual los chilenos y chilenas reflexionemos y nos pronunciemos sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir. En otras palabras, se trata de redactar una nueva Constitución legítima, que defina las reglas de nuestra convivencia. La Presidenta, en medio de sus dificultades en la gestión de su gobierno, expresa el fin de un ciclo, de un modo de hacer política y de un periodo histórico de Chile: la transición.

Sin embargo, legítima es aquella Constitución que nace de representantes electos bajo un sistema legitimado no solo por la ley sino también por la sociedad en su conjunto. Legítima es aquella Constitución que emana de un debate informado, amplio y participativo. Por tanto, es inviable plantear la posibilidad de que el actual Congreso, electo bajo el sistema binominal y con problemas evidentes de conflictos de interés, para algunos al menos, redacte una nueva Constitución, a menos que la ciudadanía así lo defina. Más aún considerando el poder de veto del cual goza una minoría, producto de quórums existentes para ciertas reformas.

Por ello, los aquí firmantes solicitamos que la presidenta Bachelet, y su Gobierno, apoyen y le den urgencia al proyecto de Ley que autoriza la convocatoria a un plebiscito por el Presidente de la República, con el acuerdo de ambas Cámaras y que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso. De esta forma, la ciudadanía podrá definir el mecanismo adecuado para cambiar la Constitución.

Por nuestra parte, nos guía el espíritu democrático y republicano de la Asamblea Constituyente. Creemos que una Asamblea, cuya única misión sea redactar una nueva Constitución y cuyos miembros no puedan ser electos en el parlamento, una vez finalizado el proceso de la AC, permite cautelar no solo la participación y representatividad de todos los chilenos en este hito político, sino que iniciar un nuevo ciclo político para Chile.

Cuando el remordimiento derrota la capacidad de soñar, comienza la decadencia. Debemos cultivar nuestros sueños. Los que firmamos ésta declaración tenemos una sola nostalgia: el futuro. Adelante, con todas las fuerzas de la historia.

Firman