Por José Henríquez
Secretario RM del PRO
El llamado caso Penta ha servido para que nuestra ciudadanía debata respecto de las malas prácticas en relación con el financiamiento de la política.
Ese debate, sustantivo por cierto, colabora para mejorar la calidad de la democracia y abrir al escrutinio social la actividad pública. Sin perjuicio de ello, a mi juicio también este caso ha servido para demostrar la necesidad de aumentar el grado de penas respecto de los delitos de corrupción. ¿Por qué se suben las penas en el homicidio? Lógicamente porque la vida es el primer bien jurídico que el Estado debe proteger, sin embargo, en delitos en donde se encuentra en juego la fe pública y, en último término la democracia misma y la legitimidad de las instituciones, es extremadamente relevante tener una escala de penalidad que sea acorde con el daño al sistema político que se genere.
En la actualidad, delitos como el cohecho, en donde el funcionario público recibe un beneficio como contrapartida de un “favor” dentro del aparato público, conllevan la pena de 61 a 540 días, sanciones que son irrisorias respecto del daño institucional que una conducta de ese tipo conlleva en lo particular, y considerando además, que los delitos de esta índole jamás se materializan en una sola conducta, sino que se refieren a una seguidilla o reiteración de conductas transgresoras del ordenamiento y, vulneradoras del orden estatal. Dicho de otra forma, delitos como el cohecho, el soborno, el lavado de activos, entre otros, son extremadamente lesivos para un Estado, pues terminan deslegitimando su actuar frente a sus habitantes. Tal situación ha sido entendida por la experiencia comparada. En Alemania por ejemplo, en primer lugar, el concepto de empleado público no se refiere solamente a funcionarios del Estado, sino que también a cualquier persona que, aunque trabaje para una empresa privada, preste servicios al Estado. Las penas por delitos de corrupción llegan hasta los 10 años de cárcel, una multa o ambas sanciones. Cabe señalar que las multas pueden llegar al millón de euros.
Otro caso que muestra la gravedad de conductas de corrupción para determinados Estados se encuentra en Reino Unido. Tal legislación que data del año 2009 incluye penas privativas de libertad de hasta 10 años, multas ilimitadas e incluso la confiscación de propiedades a beneficio fiscal. Las medidas antes señaladas en cuanto al aumento de penas, como también la generación de registros de condenados por delitos de corrupción, son iniciativas que permitirán posicionarnos de mejor manera ante el mundo como un país cada vez más probo y que combate efectivamente la corrupción, buscando reducir al mínimo las conductas de este tipo.
Por último, recordar que es fundamental para el Estado adoptar todas aquellas medidas que protejan y corrijan a la administración pública, velar por su buen funcionamiento y por el comportamiento conforme a los intereses generales prevalentes del funcionario estatal.