El economista y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, reconocido colaborador de Marco Enríquez-Ominami y encargado del programa económico del candidato en 2013, conversó con ESTRATEGIA respecto al poder de los grupos económicos y la relación con la política.
–Siendo la concentración económica un hecho en Chile, ¿qué tan importante es el proyecto de fortalecimiento de la libre competencia?
– Es positivo que se presente un proyecto en ese sentido, pero hay que dudar si realmente existe la libre competencia en Chile. La economía en general está bastante dominada por grandes conglomerados económicos. Tres bancos tienen cerca del 70% de las colocaciones del sistema bancario, difícilmente uno diría que es un mercado competitivo. En las farmacias es conocido, tres cadenas dominan el 90%. Solamente hay seis AFP, cuando hace 25 años había 22. Lo mismo se ve en el sector minero y el energético. Vivimos en un capitalismo de grandes grupos económicos y no en un libre mercado.
–¿Pero no hay un avance en este sentido?
– El problema es que se le entregará al Congreso la potestad de abrir los mercados, cuando lo que vemos es que gran parte de los parlamentarios –por lo que se observa en las legislaciones aprobadas en los últimos años– están muy influidos y hasta capturados por los grupos económicos.
–Se ha criticado que el proyecto, a nivel de titulares, solo ataca la colusión siendo que hay otros medios para evitar la competencia.
– Exacto, la colusión es algo serio y es bueno que el proyecto lo ataque y se reviertan las políticas que comenzaron en el gobierno de Lagos Escobar, que sustituyó las penas de cárcel por multas– lo que ha probado ser un fracaso–. La colusión genera tantas rentas monopólicas que es más fácil coludirse, pagar las multas y continuar con las prácticas. Es lo que se ve en el caso de las farmacias, al parecer hay antecedentes de que nuevamente se están coludiendo.
–¿Qué otros problemas ve en esta materia?
–También hay múltiples barreras de entrada, acceso a tecnología, a mercados, a los mejores terrenos para el comercio y shopping malls, y así una serie de ventajas de los grandes sobre los chicos.
–Viendo los casos de Penta y SQM, se aprecia claramente la tesis de su libro, en cuanto los grupos económicos terminan influyendo el mundo político.
– Ambos casos muestran una crisis del modelo económico vigente, que llevó a un grado de control no solo del mercado, sino que de la sociedad, por parte de estos grupos económicos. Esto llegó a límites que no habíamos aquilatado. Estos grupos crecieron demasiado y sin control. Se dedicaron a dominar la actividad pesquera, los bancos, las mineras, las Isapres, las AFP y los medios de comunicación de masas. Así se convirtieron en “Estados dentro del Estado” y han distorsionado completamente la democracia, no solo la economía. Este es el problema más serio que tiene la sociedad chilena hoy.
–¿Qué efectos observa que produjo esto en el país?
–Hay al menos cuatro efectos de la acción de los grandes conglomerados económicos: estos restringen la competencia al tener posiciones muy dominantes en los principales mercados, han exacerbado la desigualdad de riquezas e ingresos en Chile; muchas veces, de forma depredatoria con las comunidades de base y con el medio ambiente natural, han infiltrado el sistema político para evitar que el sistema democrático pase leyes que regulen su capacidad monopólica, o que les suban impuestos, les pongan trabas ambientales o les den más poder a los trabajadores.
–Y ahora tenemos la explosión del caso Soquimich.
–Es lo más reciente y se termina dañando la imagen internacional de Chile en el exterior. La empresa Canadiense PCS está presentando una querella judicial en Estados Unidos contra los controladores principales de SQM. Ya teníamos el caso de Juan Bilbao que también está con una demanda en la SEC de Estados Unidos. Se daña la confianza del inversionista internacional respecto a Chile.
–Chile pierde entonces su imagen de país que sigue las reglas del juego.
–La corrupción la vemos en muchas partes del mundo, en Brasil, en el mismo Estados Unidos, en España… es un flagelo de la edad moderna. Lo que pasa es que Chile había creado un mito que no había corrupción. Quizás no sea un problema serio a nivel de funcionarios medios del Estado, pero si hay un gran tráfico de influencias y uso de recursos para la clase política, que al final es otra forma de corrupción.
–Hoy también hay cuestionamientos al SII por el caso SQM.
– Las agencias regulatorias del Estado casi no se atreven a actuar frente al poder económico, porque ya los dejaron crecer demasiado. Vemos respuestas tal vez débiles en el caso SQM que son difíciles de explicar. Otro ejemplo, la SVS, que se limita a enviar una solicitud, o requerimientos, cartas, las demoras de SII, etc. Lo mismo corre para la SBIF en el caso del banco Penta.
–A nivel interno de las empresas, Ud. señala en su libro que también se da una captura de los ingresos por parte de los altos cargos, donde el mérito o talento no se condice con la diferencia de remuneraciones.
–Chile tiene índices de desigualdad muy altos, el 1% más rico según un estudio de la U. de Chile, controla el 33% del ingreso nacional. El número equivalente en Estados Unidos es 22% –que es el más alto para un país rico de la OECD– e Inglaterra muestra un 15%. La concentración en el 1% se debe en parte a ingresos del capital, pero también por las muy altas remuneraciones de los gerentes generales.
–¿De qué proporción estamos hablando?
–En Chile los sueldos de la alta gerencia privada son casi un secreto de Estado. La SVS no exige esta información– en cambio la SEC en EE.UU sí exige por ley a las empresas que reporten la información del sueldo de los gerentes y ese sueldo sea de conocimiento público. Siendo un área de información totalmente reservada, igual sabemos que un gerente de una empresa grande en Chile puede ganar $20, $25 millones por mes o más.
–Algo aprendimos con Hugo Bravo…
– Claro, $30 millones de sueldo y después tienen bonos que sobre los $50 o $100 millones. Al mismo tiempo, el salario mínimo en Chile son $225.000. En general podemos hablar de una diferencia de unas 80 a 100 veces del sueldo. Es difícil pensar que los gerentes chilenos sean tan talentosos, inteligentes y brillantes que se justifiquen estas diferenciales de remuneraciones.
–En ese sentido, ¿cómo analiza la reforma laboral que se discute en el Congreso?
–El nuevo proyecto no elimina la cláusula que no permite negociar por rama de actividad económica o a nivel nacional, ni tampoco la facultad de despedir a un trabajador, con 30 días de aviso “Por razones de la empresa”. Si la nueva ley laboral no cambia estas dos cosas, poco va a servir para rebalancear el poder entre empresa y trabajadores. La participación del ingreso nacional que va a los asalariados ha caído sustancialmente en los últimos 30 años. Pero claro, a los grandes empresarios no les gusta esta reforma.
–Sí aprobaron la inclusión de temas de adaptabilidad en la negociación colectiva. ¿Se puede modernizar el mercado laboral?
–En el Chile actual, sin democracia económica, los trabajadores están totalmente excluidos de los directorios de las empresas, salvo en Codelco. En las AFP es donde esto es más flagrante, porque administran sus recursos. Hay que dar más espacio a los trabajadores en las decisiones estratégicas de las empresas.
–En su libro Ud. cuestiona el aporte al crecimiento que proporcionan las elites.
–Hay una lógica que dice que hay que conformarse con que se invierta y se genere empleo, sin preocuparse de si esa inversión por ejemplo daña el medio ambiente o la calidad del empleo y el respeto a los derechos laborales. Esto no es compatible con un país que se presenta como desarrollado y moderno, con casi US$24 mil per cápita.
–También llamó la atención sobre el escaso aporte en términos de la economía “real”.
–En Chile los sectores más dinámicos en los últimos 30 años, han sido y son la minería y los servicios. Son actividades bastante “rentistas”. En minería se saca el recurso natural y se exporta sin agregarle mayor valor al recurso natural. En la gran minería del cobre un 70% de la propiedad es privada. El sector manufacturero en Chile pasó de ser el 17% del PIB en 1970 y ahora está en 10% (en las economías emergentes alcanza un promedio de 16%). No tenemos una industria del conocimiento fuerte, que hay en países como Corea del Sur, Singapur, Taiwán y la misma China.
Democracia Económica
–¿Cuál es la propuesta que maneja en su libro respecto a la democracia económica?
– Debería haber un debate nacional sobre cómo controlar los grupos económicos, dominantes en el modelo vigente, de tipo neoliberal y concentrador. En la democracia económica, en cambio, ningún agente económico tiene un poder desmedido como existe en Chile. No existe una democracia política real si no hay democracia económica. Los activos productivos deben ser distribuidos de forma más uniforme y pareja y que el grueso del excedente económico no lo capture el 1% –o el 0,1%–, no tiene ningún sentido. La concentración excesiva es incompatible con la democracia.
–¿Nos podría comentar algunas medidas específicas?
– Se propone en el libro la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas y de la ciudadanía en las políticas económicas hoy definidas por tecnocracias. También se propone crear un área de propiedad pública social, que balancee la propiedad del poder capitalista monopolizado creando empresas municipales, empresas comunitarias, regionales, cooperativas y empresas estatales.
–¿Cómo se logra eso?
–Hay que contener y desarticular los grupos económicos actuales. Gran parte de esa propiedad viene de la auto- privatización de activos que eran de todos los chilenos. Además muestran una ilegitimidad de ejercicio, por su comportamiento depredatorio en varios casos. Se requiere de cambios de propiedad, regulación y control democrático real.
–No ve con buenos ojos lo que pueda resultar del nuevo Consejo Anti Corrupción.
–Pretender que las elites políticas que lleva un cuarto de siglo en el poder se auto-regeneren, creando leyes que los afecten a ellos mismos, es una utopía. Cuando Eduardo Engel, presidente del Consejo, sugirió una contención de los sueldos parlamentarios, la gran mayoría de los parlamentarios saltó a criticarlo. Los diputados Boric y Jackson presentaron un proyecto para bajar los sueldos de diputados pero sin mucho éxito entiendo.
–En ese sentido, ¿cómo ve el actuar de la Fiscalía, que ha presionado al poder Ejecutivo y a los grupos económicos?
– La Fiscalía Nacional ha sido muy valiente y el fiscal Sabas Chahuán, me permito sugerir, debería tener protección. Hemos visto lo que pasa en otros países cuando se presionan ciertos intereses. El poder Judicial está sacando la cabeza por otros poderes del Estado que lucen bastante paralizados, lo que da una esperanza. No sé en qué país del mundo una empresa se puede negar a entregar su contabilidad si es solicitada por la autoridad pública.
Se debería, creo yo, nombrar un interventor del grupo Penta, antes que vendan sus activos y saquen los recursos del país. El Estado debe cuidar el patrimonio de la nación. Lo mismo con Soquimich. Hay que cuidar los fondos de pensionados de los trabajadores invertidos en los grupos con problemas. Para cuidar los activos de la nación, se requiere un control democrático y social de estos, hoy en manos de los grandes grupos económicos guiados más por el lucro que por consideraciones de bienestar social.
Fuente: Estrategia